Por: Karol Macetas y María Luz Cruz – Radio Yaraví de Arequipa
La congresista Ruth Luque advirtió sobre una serie de modificaciones a la Ley de Crimen Organizado que han sido aprobadas, en primera votación, por el Congreso de la República. Las mismas, señaló, constituyen una “distorsión y una limitación para la posible identificación de organizaciones criminales y la apertura de investigaciones”.
En el programa Voces del Sur, vía Radio Yaraví de Arequipa, la legisladora por la región Cusco enumeró los cambios. En primera instancia, explicó que una de las iniciativas referida a la denominación de lo que es una organización criminal, fue planteada por la bancada de Perú Libre. Cuando llegó a la Comisión de Justicia fue cuestionada por carecer de opiniones al respecto. Pasó al Pleno, presentaron cuestión previa y se ordenó que vuelva a la comisión.
No obstante, de manera exprés retornó al Pleno y esta vez fue aprobada. “Se quiere incorporar el supuesto de la obtención de una ventaja económica y luego se quiere establecer un conjunto de nuevas precisiones sobre el carácter temporal de una organización criminal y sobre los niveles de cómo se constituye. Es grave porque a nivel internacional y nacional se ha entendido que las organizaciones criminales, constituidas por tres a más personas, se juntan para generar un delito y pueden tener una conformación horizontal y vertical”, explicó.
Para citar un ejemplo, indicó que algunos casos como el de trata de personas en Cusco, bajo esta nueva definición, ya no podrían ser investigados como organización criminal.
Advertir a los investigados
Un segundo tema es el que más polémica ha generado en la opinión pública, ya que se trata de la modificación del procedimiento para los allanamientos de inmuebles de los investigados.
“Lo que se está proponiendo es que para que un fiscal allane un lugar, el investigado necesita de la presencia de su abogado y de la persona. Bajo esta figura ¡qué fiscal podría detectar elementos de prueba! Lo que se está haciendo es generar un beneficio perverso a las organizaciones criminales y los casos que están en curso podrían ser beneficiados por esto”, sostuvo la parlamentaria.
Así mismo, alertó que en el dictamen no existe ningún análisis profesional sobre los efectos de estos cambios; lo que significa que “le están abriendo una puerta de salvataje a las organizaciones criminales”.
Menoscaban al Ministerio Público
Entre la serie de cambios que el Congreso está tramitando, se encuentra un dictamen que ya fue aprobado por la Comisión de Justicia con el que se pretende trasladar la titularidad de las investigaciones a la Policía Nacional del Perú. Para Luque, esto menoscaba la autoridad del Ministerio Público. El dictamen ya está listo para ser debatido en el Pleno.
“De pronto para un sector de congresistas, el Ministerio Público no sirve y resulta que la Policía es perfecta. Este dictamen, de por sí, es inconstitucional porque la Constitución de 1993 establece que el Ministerio Público es titular de la acción penal y director de la investigación”.
Lo grave, añadió Luque, es que si se aprueba este cambio significará la modificación de 30 artículos del Código Procesal Penal, modelo que comenzó a aplicarse en el año 2006 y que incorporó la figura de la flagrancia.
Ley Soto
Otro hecho grave es el dictamen aprobado en el pleno, en primera votación, que tiene que ver con la Ley 31751 o también conocida como Ley Soto, la misma que modificó el artículo 84 del Código Penal y estableció un plazo máximo de un año para la continuación de la suspensión de la prescripción de un delito.
Con el dictamen recientemente aprobado, se precisó la aplicación de la Ley Soto. El proyecto se trata de una respuesta al acuerdo plenario de la Corte Suprema que calificó la ley como inconstitucional y dejaba su aplicación a evaluación de los jueces.
“Esa ley lo que hace es obligar a los jueces a aplicar la suspensión del plazo de prescripción que establece un año. Nuevamente es un incentivo perverso para que los casos se archiven y no se puedan investigar”, dijo Luque.
La norma ya ha pasado las dos votaciones y la autógrafa ha sido enviada al Ejecutivo.
Esta avalancha de cambios no termina allí. La congresista comentó que recientemente en la comisión de Justicia se aprobó la conformación de una comisión revisora para elaborar el nuevo Código Penal.
