Por: Mishiel Pariguana – Radio Santa Mónica de Cusco
–¿Qué tan grave es la resolución del Tribunal Constitucional que suspende la medida cautelar del Poder Judicial que reincorporaba a Inés Tello y Aldo Vásquez en la JNJ?
Es muy grave porque va en contra de la Constitución y tiene como propósito salvar a la suspendida fiscal de la Nación de una inminente destitución, la cual está perfectamente justificada después de más de un año de investigaciones realizadas por la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
Como se recuerda, Patricia Benavides tomó una decisión muy equivocada poco después de asumir su cargo hace un año y medio: reemplazar a la fiscal Bersabeth Revilla, quien investigaba a su hermana, la jueza Emma Benavides, por haber recibido sobornos relacionados con el narcotráfico y nombrar a un fiscal afín a ella, con quien podría gestionar el archivamiento del caso. Esta investigación podría haber terminado en una destitución, sino en una acusación fiscal.
Este es un hecho gravísimo. A raíz de ello, IDL Reporteros hizo público estos hechos y unos meses después, la JNJ inició una investigación contra la entonces fiscal de la Nación. Cuando estas diligencias comenzaron, el Congreso intentó destituir a los miembros de la JNJ hasta en cuatro ocasiones para proteger a Patricia Benavides. En el último intento, hace poco, el Parlamento logró destituir a Inés Tello, quien elaboró el informe de 160 páginas que fundamentan porque la exfiscal de la Nación debería ser destituida al haber incurrido en graves delitos.
En la última ocasión que el Congreso intentó destituir a la junta, removió a 2 de los 7 magistrados. Sin embargo, una decisión del Poder Judicial señaló que ello no está ajustado a la Constitución y suspendió dicha decisión por no estar debidamente fundamentada, entonces Aldo Vásquez e Inés Tello regresaron al organismo y cuando estaban por votar el informe que recomendaba la destitución de Patricia Benavides, el Tribunal Constitucional (TC) interviene de manera abusiva, prepotente e inoportuna, violando la Carta Magna.
En su artículo 139 se establece que ninguna autoridad, ni siquiera judicial, puede intervenir en un proceso en curso. El proceso de amparo que había detenido la destitución de Tello y Vásquez fue apelado, por lo tanto, estaba en curso. Lo que hizo el TC fue interferir en este proceso ordenando la exclusión de los magistrados de la junta. Esto impide que la JNJ vote sobre la destitución de Patricia Benavides y también obstaculiza otras acciones urgentes.
Estamos frente a un TC que interfiere con una decisión judicial para salvar a una fiscal que enfrenta serios cuestionamientos debido a presuntos vínculos con la corrupción, no solo por el caso de su hermana, sino por otras situaciones descubiertas como resultados de las investigaciones que realiza el Ministerio Público.
–¿Esta resolución del TC tiene un sustento jurídico o es más bien decisión política?
Los principales constitucionalistas que se han pronunciado sobre esta medida sostienen que va en contra de la Constitución por las razones que le mencionado. Además, contradice el Código Procesal Constitucional que en su artículo 18 impide la interferencia en la apelación de una medida cautelar, que es precisamente lo que ha hecho el TC. Existe un consenso entre los expertos de que esto representa un flagrante atropello a la propia Carta Magna, llevado a cabo por un TC que fue conformado como parte de un acuerdo entre Vladimir Cerrón, de la ultraizquierda, Keiko Fujimori y de la ultraderecha, con el objetivo de controlar este órgano como la Defensoría del Pueblo.
Por lo tanto, este acuerdo político explica por qué en este momento el TC, nombrado por Keiko Fujimori, está interviniendo para favorecer a una fiscal comprometida con la corrupción. Si esta fiscal regresa a su cargo, sería el fin de la justicia en el país, ya que continuaría desmantelando los procesos anticorrupción contra Keiko Fujimori, expresidentes, y gobernadores regionales, garantizando su impunidad también frente a las muertes ocurridas durante las protestas a fines de 2022 e inicios de 2023. En resumen, todo esto tiene como objetivo consagrar la impunidad y evitar que la justicia cumpla su función tanto en la lucha contra la corrupción como en la protección de los derechos humanos.
– ¿Cree que el TC está pagado favores al Congreso de la República?
No sé si pagando favores o simplemente protegiendo al Congreso y a la suspendida fiscal de la Nación, ya que eso quiere Keiko Fujimori y las fuerzas que eligieron a ese TC con los votos de Cerrón y compañía. Están allí para hacer lo que están haciendo: garantizar impunidad e impedir que la justicia actúe tanto contra la corrupción como contra las violaciones de derechos humanos y el crimen organizado.
Actualmente, el país está dividido entre estas fuerzas que tienen un gran poder en el Congreso y que están copando las instituciones como el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía que estaba bajo el control de Patricia Benavides, para ponerlas al servicio de un proyecto mafioso, antidemocrático y autoritario. El Congreso es ahora la institución desde la cual se controlan los otros poderes del Estado, y quienes tienen el mayor peso son Keiko y sus aliados de derecha, como López Aliaga y César Acuña; y de izquierda como Cerrón e incluso la bancada magisterial de Pedro Castillo.
El Congreso inició negociaciones con Patricia Benavides, quien pidió que destituyeran a la JNJ para protegerse de las investigaciones en su contra o que nombraran al actual Defensor del Pueblo, lo cual era su deseo por diversas razones. A cambio, Benavides archivaría las investigaciones fiscales contra los congresistas ‘Mochasueldos’ o ‘Los niños’ y todo aquel parlamentario corrupto que desfila ante las pantallas de televisión todas las semanas.
Este pacto mafioso entre la mayoría de los congresistas y Patricia Benavides es lo que están tratando de proteger, si Benavides cae, los procesos contra estos parlamentarios tendrán que avanzar. Incluso las últimas investigaciones del Ministerio Público sugieren que Benavides también habría favorecido al presidente del TC para que este la ayudara frente a acciones que se llevaban a cabo en su contra en la JNJ. Además, hoy en día el presidente del TC está involucrado en tratativas con la suspendida fiscal de la Nación. Esto demuestra que no solo los legisladores, sino también una parte importante del sistema institucional, están siendo cooptados por una mayoría congresal corrupta.
– ¿Dónde queda la independencia y separación de poderes?
Queda muy afectada porque ahora se tiene un Congreso dominado por una alianza de extrema izquierda y extrema derecha que controla el Ejecutivo de Dina Boluarte, el TC, la Defensoría del Pueblo y hasta hace poco la Fiscalía, y que quieren volver a controlar reponiendo a Patricia Benavides. Además, cuando en el Congreso intentaron liquidar la JNJ, lo hicieron no solo para salvar a Benavides, sino también para capturar la justicia y los organismos electorales.
Para que esta mayoría congresal mafiosa salga victoriosa, necesitan tomar el control total de la JNJ y con eso tendrían el sistema institucional peruano bajo su dominio. Sin embargo, los sectores sanos de la Fiscalía, la Policía y el Poder Judicial están resistiendo ante esta arremetida. Lo que falta aquí es la participación ciudadana que debería estar de lado de las fuerzas institucionales que buscan combatir la corrupción, defender los derechos humanos y luchar contra el crimen organizado. Los peruanos estamos siendo indiferentes ante esta lucha entre fuerzas prodemocracia y projusticia contra las fuerzas de la corrupción y la impunidad. La ciudadanía no puede quedarse pasiva, debe organizarse y movilizarse pacífica y ordenadamente para inclinar la balanza a favor de quienes buscan justicia y defienden lo poco de democracia que queda.
Daño al sistema de justicia
– ¿Cómo esto afecta al sistema de Justicia?
La arremetida contra el sistema de justicia es feroz. Primero, se ha visto el esfuerzo del Congreso para destituir a la JNJ y ahora se observa cómo el TC hace lo mismo para defender a Patricia Benavides contra las acciones de la misma, dejándola sin miembros para actuar. Esto es de suma importancia, ya que la junta fue creada para controlar y evitar la corrupción en el Ministerio Público y el Poder Judicial. Las fuerzas que buscan impunidad están trabajando para destruir estos núcleos sanos y a los jueces y fiscales íntegros que se resisten a esta arremetida mafiosa y autoritaria que se conduce desde el Congreso, pero cuenta con aliados en el TC, la Fiscalía y el Poder Judicial.
Por eso, sostengo que en esta lucha entre el bien y el mal en el sistema institucional peruano y en la esfera política, lo que falta es la presencia de la ciudadanía para que tome partido a favor de las fuerzas de la justicia y la lucha contra la impunidad.
– ¿Cuál sería la salida frente a esta crisis política que venimos atravesando?
La salida en el corto plazo es que, frente a la decisión adoptada en el TC, se pueda presentar una medida de reposición. Está contemplado en el Código Procesal Constitucional, mientras se tramita esta medida, tanto la magistrada Tello como Vázquez, seguirían en la JNJ y deberían aprovechar su permanencia para votar el informe que recomienda la destitución de Patricia Benavides, eso sería lo más sensato porque de lo contrario, regresaría al Ministerio Público y eso sería el fin de la justicia.
Sabemos que la justicia en el país no funciona bien, pero hay núcleos de jueces y fiscales que hacen su trabajo. Si en la más alta esfera del Ministerio Público se consolida una fiscal con los cuestionamientos públicos que se conocen sobre su idoneidad moral, sería terrible. Por lo tanto, ese sería el primer objetivo a conseguir: destituir a Patricia Benavides. El segundo objetivo sería que la justicia pueda actuar frente a los congresistas que son aliados de ella y también investigar al TC para renovar el sistema institucional y purgar de él a los elementos mafiosos que favorecen la impunidad y la corrupción.
Respuesta ciudadana
– ¿Este es uno de los peores tribunales constitucionales de los últimos años desde que el país recuperó la democracia luego del fujimontesinismo?
Probablemente sea uno de los peores, sino el peor. Recordemos que hace poco el TC no tuvo ningún reparo en ordenar la excarcelación de Alberto Fujimori basándose en el indulto que le otorgó el expresidente Kuczynski en el 2017, que a propósito fue ‘trucho’. A pesar de que el sistema interamericano le dijo que no podía hacerlo, el TC y el gobierno de Dina Boluarte procedieron a darle la libertad a Alberto Fujimori, en abierta violación de nuestros compromisos internacionales. Y hoy en día, está haciendo un juego parecido al interferir con un proceso judicial para salvar a una fiscal sobre la cual el país entero conoce las graves imputaciones en su contra.
La salida, desde el punto de vista de la ciudadanía, es organizarnos y movilizarnos pacíficamente para exigir justicia e impedir que se consolide esta coalición mafiosa. Porque de hacerlo, no habrá justicia ante los casos de violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas de hace algunos meses, especialmente en el sur del país. Tampoco habrá justicia frente a los políticos y expresidentes que se vieron involucrados en Lava Jato, ni para los jueces y fiscales que estuvieron involucrados en Los Cuellos Blancos. Y tampoco habrá justicia por los delitos cometidos por Pedro Castillo ni Dina Boluarte. Eso es lo que está en juego.
Entonces, la pregunta es ¿por qué estamos siendo tan pasivos los ciudadanos y no empezamos a protestar ya? El viernes hubo una vigilia de los abogados en Ayacucho. Ojalá que eso se repita en otros lugares y se empiece a reactivar el movimiento. Sé que hay mucho miedo después de la feroz represión contra las protestas de hace más de un año y hay cansancio, hay decepción con nuestros políticos, pero necesitamos esa lucha, porque de lo contrario se van a imponer las fuerzas del mal en el país y eso será terrible para los derechos y libertades de todas las peruanas y peruanos. No podemos aceptarlo.
