Por: Mishiel Pariguana – Radio Santa Mónica de Cusco
Bersabeth Revilla fue la fiscal que tuvo a su cargo la investigación a Enma Benavides por presuntos sobornos provenientes del narcotráfico y fue separada por decisión de Patricia Benavides. Con el tiempo se ha ido conociendo, con mayor nitidez, las motivaciones que hubo detrás de esta arbitrariedad.
En la siguiente entrevista, la abogada advierte que nos aproximamos a los años oscuros del fujimorismo de los noventa, cuando Blanca Nélida Colán estuvo al frente del Ministerio Público. Por ello insta a la ciudadanía a levantar su voz.
Esta semana hemos conocido más detalles sobre el caso Valkiria XI. Se ha mencionado que la misma Patricia Benavides tuvo reuniones para coordinar entrevistas en medios a favor de su hermana Enma Benavides, a quien usted investigaba. Doctora Bersabeth Revilla, ¿usted ha podido identificar hechos nuevos, en relación a Patricia Benavides y la decisión de apartarla del cargo, prácticamente para blindar a su hermana?
En principio, el informe de la magistrada Inés Tello (JNJ) relata en forma detallada y eficaz todos los medios probatorios que aporté y que ella, como instructora, diligenció para obtener las evidencias de la materia por la cual yo fui removida de mi cargo. Por este hecho yo renuncié al Ministerio Público, después de 41 años de servicio. Ahora, en estos últimos días, hemos encontrado otra evidencia que respalda que mi remoción fue un acto abusivo y encubridor, porque ahí sí hay testigos; hay documentos que estarían acreditando lo que la señora magistrada Tello también relata en su informe. Los hechos son lo que yo había denunciado ante la junta.
La hermana investigada
¿Podría recordarle a nuestra audiencia de Cusco qué hechos investigaba usted sobre Enma Benavides, la hermana de Patricia Benavides?
Bueno, en julio del 2019, la entonces fiscal Zoraida Ávalos me nombró como fiscal suprema provisional de la Fiscalía Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Altos Funcionarios. En esas circunstancias, yo recibo el acervo de carpetas fiscales de la Primera Fiscalía Suprema Transitoria, que ahora iba a ver exclusivamente los casos de Cuellos Blancos. Todas las demás carpetas fiscales las iba a asumir yo. En ese acervo recibo la carpeta 646-2018, que trataba de una denuncia contra la señora Enma Benavides, en su calidad de presidenta de una sala superior penal de la Corte Superior de Lima y sus integrantes, además de otros abogados, por presunto delito de cohecho y asociación ilícita para delinquir.
¿En qué etapa se encontraba esta investigación?
En etapa inicial, de diligencias preliminares. Yo las continúo y llego a una etapa en que encuentro indicios reveladores, por lo que pido, a través del juzgado supremo de investigación preparatoria, medidas cautelares como prisión preventiva, impedimento de salida del país, medidas de comparecencia restrictivas, cauciones. Todas esas medidas me fueron aceptadas por el juez supremo de investigación preparatoria. Luego fueron apeladas por los investigados y la Sala Permanente Penal de la Corte Suprema confirmó las medidas cautelares que había solicitado. Esta situación desencadenó, propiamente, en la decisión de la futura fiscal suprema y luego fiscal de la nación (Patricia Benavides) para que se me fuera removida del cargo.
¿Cuál era el hecho de fondo de la investigación?
Era en razón de que había una denuncia que señalaba que esta sala (presidida por Enma Benavides) había recibido sobornos por narcotraficantes, para que se les conceda la libertad provisional, que así sucedió, y luego esos señores fugaron. Uno de ellos a Brasil y en Brasil ejecutó la misma modalidad delictiva; es decir, se le hizo un hallazgo de 1000 kilos de cocaína y fugó luego a España. Brasil pidió luego la extradición a España y lo trajeron a Brasil y ahí está cumpliendo condena. Mientras que el otro procesado, a quien también se le concedió la libertad provisional, fugó y no estuvo habido, hasta que hace pocos meses fue detenido en Colombia, por haber asesinado al fiscal antidrogas de Paraguay, el señor Marcelo Pérez.
A usted la buscó la fiscal suspendida en este momento Patricia Benavides. ¿Podría recordar esta situación?
Así es. Yo he manifestado en razón a la verdad. En este caso, efectivamente, la señora Patricia Benavides fue a mi despacho para conversar conmigo, se sentó y me dijo que su hermana estaba siendo denunciada por un señor que la perseguía en todas las instancias y que, inclusive, en la OCMA los hechos denunciados habían sido archivados y que su hermana era inocente. Bueno, le dije, hasta estos momentos todos mis investigados son inocentes, porque eso me obliga la Constitución y la ley. Yo no declaro la culpabilidad, la culpabilidad lo declara el Poder Judicial. A mí me corresponde ejercer la titularidad de la acción penal y la persecución del delito. Y si lo hubiera, lo tengo que acusar en su momento. Entonces esa fue una respuesta que molestó a la señora Benavides. Se retiró y ya nunca más tuvimos la oportunidad de encontrarnos. La última forma en que yo pude saber de ella fue a través de la resolución de mi cese.
Una remoción sin sustento
A usted la removieron de la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios, supuestamente por baja productividad.
Así dice la resolución 1553 del 2022. Señala que he sido, en los términos comunes, una fiscal ociosa. Cuando renuncié, pedí una reconsideración, pero no para volver al Ministerio Público, sino para que se tenga en cuenta que ese considerando de mi remoción es falso. No constituye la verdad. Adjunté quince informes de todo mi equipo, donde detalladamente se señala que todas las carpetas estaban al día, dentro de los plazos de ley y algunas ya con cargas de éxito.
¿Se trató solo de un pretexto, entonces, para apartarla?
Fue un pretexto, porque el informe número 012, que fue materia de mi cese, lo hizo el gerente de producción de la carga fiscal del Ministerio Público. Es un cuadro donde supuestamente traslada cifras del sistema CGS que ve la producción de cada despacho fiscal. Pero ese traslado de cifras no corresponde a la realidad. Lo que sí corresponde a la realidad son los reportes del sistema de gestión fiscal. Esos reportes señalaban que en el 2019, 2020 y 2021 tenía el 90% de carga procesal atendida. Y algunas de éxito. Y del 2022 hasta julio tenía el 57%. Cómo pueden decir que yo tenía baja producción y que esa era una condición de resolución para removerme, como removieron también a mi adjunto supremo, el doctor Luis Felipe Zapata.
¿Fueron los únicos dos?
Los únicos dos. Porque los demás fiscales que están en otras resoluciones son por cambios que ella (Benavides) hace. En cambio, a mí expresamente me dice una condición de resolución, vulnerando inclusive una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el derecho a la defensa. A mí nunca se me hizo conocer. Después de 15 días de haberse ejecutado, se me envía y veo un informe de tres hojas que, como repito, es un informe cuyas cifras no corresponden a la realidad.
¿Ha tomado usted alguna acción judicial frente a esta situación?
Claro que sí. En primera instancia presenté mi demanda ante un juzgado laboral, para pedir la nulidad parcial de la resolución de mi cese. Está en estos momentos para emitir sentencia. También, cuando se me llamó ante la Fiscalía Suprema Penal del despacho de la doctora Delia Espinoza Valenzuela, he pedido que, de oficio, se investigue el señor Cartolín y a otras personas que estuvieron involucradas.
Momento de levantar la voz
¿Qué llamado haría a los colegios de abogados frente a lo que viene ocurriendo en nuestro sistema de justicia, ahora que también el Tribunal Constitucional, como aparente aliado del Congreso, ha emitido una resolución que parece ser un salvavidas para Patricia Benavides?
Yo felicito, en primera instancia, al Colegio de Abogados de Lima que creo desde hace una década no se pronunciaba como lo hicieron ayer. Lo felicito y ojalá los demás colegios y abogados hagan lo mismo. Tienen que levantar su voz, a efectos de que la comunidad sepa que se ha cometido un error. Un error procesal jurídico muy grave por parte del Tribunal Constitucional. Felicito que el Colegio de Abogados de Ayacucho haya hecho lo mismo. Pero todos debemos estar involucrados. Espero también que el Poder Judicial, a través de su sala constitucional, ponga en su sitio y pueda velar por su independencia y autonomía. Eso es lo que yo espero y que los señores magistrados Inés Tello y Aldo Vásquez retornen a la Junta Nacional de Justicia y también que se aplique la medida de destitución (de Patricia Benavides), por tan graves faltas que yo denuncié hace año y medio.
Durante sus más de 40 años de experiencia profesional, ¿usted ha observado una situación similar a lo que ocurre en estos momentos?
Bueno, recordemos que hubo una época oscura en el Ministerio Público, cuando estuvo como fiscal de la nación la señora Blanca Nélida Colán. Fue una época dura para nosotros, pero los que manteníamos independencia en nuestro ejercicio funcional y la autonomía, siempre lo hemos hecho respetar, contra viento y marea. Algunos cayeron y terminaron condenados. Ahora, en estas circunstancias, casi se está repitiendo lo mismo y espero que el Ministerio Público salga de esta oscuridad. Yo siempre voy a decir que hay gente idónea, hay gente responsable, que tiene una mirada de que el Ministerio Público puede salir de esta situación.
