Por: Leysel Flores – Pachamama Radio de Puno
La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Ana Piquer, reveló detalles del reciente informe que concluye que la presidenta Dina Boluarte estaba al tanto del accionar de la Policía y las Fuerzas Armadas durante las protestas de 2022 y 2023.
En diálogo con el programa Voces del Sur, vía Pachamama Radio de Puno, Piquer enfatizó que Boluarte tenía conocimiento de los planes operativos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional durante los enfrentamientos ocurridos el 9 de enero de 2023 en la provincia de San Román. Producto de esa trágica jornada, murieron en un solo día 18 personas.
El informe, basado en una investigación de casi 18 meses, incluyó entrevistas a aproximadamente 110 personas y más de 50 solicitudes de transparencia para obtener documentación oficial.
Según Piquer, esta evidencia demuestra que las autoridades trataron a los manifestantes como “fuerzas adversas”, respondiendo con un uso de fuerza letal injustificado.
“En los planes en los cuales se establecieron las tácticas y formas de intervención, se partió desde la base inicial de que los manifestantes eran fuerzas adversas y se respondió con un uso de la fuerza como si lo fueran”.
@redmicaelas Mu3rt3s en protestas. Amnistía Internacional ha develado la posible responsabilidad de mando de la presidenta Dina Boluarte como autora mediata de violaciones de derechos humanos cometidos durante las protestas. En entrevista con Voces del Sur, de @pachamamaradio, Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, habló sobre los hallazgos de la investigación en el caso de Juliaca, Puno. #amnistiainternacionalperu #dinaboluarte #Quiendisparolaorden #protestasperu, #derechoshumanos #juliaca_puno_perú ♬ sonido original – Red Micaelas
Rol constitucional de Dina Boluarte
La directora destacó que la Constitución peruana establece a Boluarte como jefa suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía, lo que implica su responsabilidad directa en las acciones tomadas. “Si ella dice que no sabía, debería haber sabido por su rol constitucional“, afirmó Piquer.
“Hicimos un análisis en base a una sentencia de la Corte Suprema que estableció el concepto de autoría mediata. Nuestra recomendación a la Fiscalía es que en la investigación se evalúe si existió una autoría mediata por las muertes y heridos ocurridos durante 2022 y 2023″, sostuvo.
El informe también señala la responsabilidad del primer ministro y los ministros de Defensa e Interior de la época. En la cadena de mando, se menciona específicamente al comandante general de la Policía, al general del comando de asesoramiento, y al general a cargo de la unidad DINOES.
Amnistía Internacional cuestiona la clasificación de los manifestantes como “fuerzas adversas” en los planes de intervención, lo que llevó al uso desproporcionado de fuerza letal. Piquer enfatizó que las manifestaciones pacíficas están protegidas por el derecho internacional de los derechos humanos y que el Estado debe proteger a los manifestantes pacíficos, no atacarlos.
Además, el informe final revela que muchos de los heridos y fallecidos no estaban cometiendo actos violentos. Piquer refutó la afirmación de la presidenta Boluarte sobre que “todas las manifestaciones fueron violentas”. Sostuvo que esta declaración no se ajusta a la realidad.
