Por July Villanueva
En los últimos diez años, más de 30 defensores ambientales han sido asesinados en el Perú, informó la lideresa Gloria Capurro, con base en reportes de la organización Global Witness. Asimismo, subrayó que el país ocupa el sexto lugar a nivel mundial entre los más peligrosos para quienes protegen el territorio y el medio ambiente, mientras se prioriza el beneficio económico por encima de la vida.
Estas cifras fueron alertadas durante el encuentro de alto nivel “Propuestas climáticas y ambientales de lideresas de Satipo”, realizado el pasado 17 de abril en Satipo, Junín. En este espacio, lideresas de organizaciones sociales se reunieron con autoridades regionales y locales para visibilizar la crítica situación de vulnerabilidad que enfrentan quienes defienden la tierra y el medioambiente.
Durante la jornada, se advirtió que la defensa de la naturaleza en el Perú se ha convertido en una actividad de alto riesgo, debido al avance de economías ilegales y a la falta de garantías estatales efectivas.
El narcotráfico y la violencia
En ese contexto, la lideresa Roxana Ricra identificó al narcotráfico como uno de los principales generadores de violencia. Señaló que estas redes criminales recurren al Poder Judicial para perseguir a los defensores ambientales. Además, realizan las amenazas directas para silenciar a quienes denuncian sus actividades.
Frente a estas denuncias, representantes del sistema de justicia y del Gobierno Regional de Junín expresaron su compromiso de articular medidas de protección.
La presidenta de la Corte Superior de Justicia de la Selva Central, Jenny Bazán, aseguró que se buscará garantizar el acceso a atención legal inmediata ante vulneraciones de derechos, reconociendo a las defensoras como actoras clave en la protección ambiental.
Como resultado del encuentro, las autoridades suscribieron un acta para delinear estrategias orientadas a la elaboración de un protocolo regional de protección para defensores de derechos humanos. Este instrumento deberá construirse respetando las costumbres ancestrales y los derechos consuetudinarios de las comunidades originarias.
Asimismo, se acordó socializar el reglamento de la Ordenanza Regional N.° 401-2024. Dicha normativa permite que las organizaciones civiles puedan realizar un seguimiento activo a los compromisos asumidos por las instituciones.
Finalmente, las lideresas subrayaron que la protección no puede quedarse en declaraciones formales, y exigieron acciones concretas con enfoque intercultural y de género.
