Protestas en Arequipa: investigaciones por muertes en fase preparatoria por 8 meses más

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El abogado Arturo Salas señaló que con este paso, los casos por las muertes de Xavier Candamo, Jhan Carlo Condori y Miguel Arcana están próximos a llegar al control de acusación y avanzar a juicio.

Por: María Luz Cruz – Radio Yaraví de Arequipa

Foto: José Sotomayor

El abogado Arturo Salas Vildoso, director general de Solidaria Perú y defensor legal de las víctimas mortales de las protestas sociales en Arequipa contra el gobierno de Dina Boluarte, conversó sobre los avances en las investigaciones de los casos.

En diálogo con el programa Voces del Sur, vía Radio Yaraví, Salas destacó el trabajo del Equipo Especial de Fiscales para Casos con Víctimas Durante las Protestas Sociales (EFICAVIP), a cargo de la fiscal provincial Carmen Elizabeth Roncal Mestanza.

“La justicia se va abriendo paso. El hecho de que los tres asesinatos perpetrados por las fuerzas del orden se hayan formalizado implica que estamos a un paso de llegar al control de acusación y avanzar hacia un juicio”, indicó.

El abogado también resaltó que, una vez iniciado el juicio, los familiares de las víctimas podrán constituirse como actores civiles para exigir indemnizaciones por parte del Estado. “Los tres asesinados eran padres de familia”, subrayó.

Caso Xavier Candamo Dasilva

Fue asesinado el 19 de diciembre de 2022 en Chala, provincia de Caravelí. El presunto responsable sería el comandante PNP Rolando Rojas Rojas (r) quien era el único que portaba una pistola compatible con el proyectil que causó la muerte de Candamo, según las investigaciones y pericias. Además, oficiales y suboficiales que estuvieron en el lugar de los hechos señalaron que solo un oficial portaba esa arma.

El comandante Rojas es investigado por homicidio calificado por alevosía,  Asimismo, se formalizó investigación preparatoria contra el exjefe de la Macroregión Policial de Arequipa, general PNP Miguel Cayetano Cuadros; el exjefe de la Región Policial de Arequipa, coronel Luis Pacheco Mesías; y el exjefe de sector, coronel Américo Berlanga Valdivia; como autores —por omisión— de la comisión de los delitos de homicidio calificado por alevosía y lesiones leves en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos.

Caso Jhan Carlo Condori Arcana

Fue abatido en enero de 2023 en el puente Añashuayco, en el Cono Norte de la ciudad de Arequipa. El suboficial PNP Rembert Rodríguez Rosado es señalado como el responsable, ya que portaba una escopeta perdigonera, un arma letal capaz de disparar cartuchos de goma o plomo. Los perdigones de plomo que impactaron en Condori le causaron un shock hipovolémico, llevándolo a la muerte. Según la fiscalía, Rodríguez Rosado estaba en el lugar y hora donde falleció Condori, lo que refuerza la teoría de su implicación en el caso.

Caso Miguel Arcana

El tercer caso es el de Miguel quien murió en diciembre de 2022 frente a la comisaría de Ciudad Municipal, provincia de Arequipa, tras recibir el impacto de una bala de 9 mm.  La evidencia fotográfica apunta al suboficial Quenta Huamaní, quien estaba en la azotea de la comisaría portando una pistola. Arcana, que se encontraba en estado de ebriedad y en situación de indefensión, fue impactado mientras no representaba peligro alguno.

Avances y plazos de la investigación

Estos tres casos ya se encuentran en la fase de investigación preparatoria por 8 meses, posteriormente iniciará el control de acusación y el inicio del juicio está previsto para junio de 2025. Tras ello, se espera que los agentes se sienten en el banquillo de los acusados. Los delitos imputados son homicidio calificado, con penas de hasta 15 años de prisión, y comisión por omisión, con penas de hasta 8 años.

Salas Vildoso destacó que la Fiscalía no podrá archivar estos casos sin la debida notificación al juez. Además, el abogado señaló que está conforme con el plazo de ocho meses para la investigación preparatoria, ya que permitirá recabar más pruebas.

Finalmente, Salas Vildoso explicó que las investigaciones de las muertes durante las protestas, que se realizan de forma separada en distintas regiones del país, se sumarán a la carpeta fiscal en la que están imputados la presidenta Dina Boluarte, el exministro Otárola y otros exfuncionarios. “Responderán por comisión por omisión al no adoptar medidas urgentes y necesarias para evitar las muertes. No podrán evadir la justicia”, concluyó.