Por: Zintia Fernández
En noviembre de 2015, el Estado promulgó la ley 30364, denominada “Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar”. Esta normativa estableció la creación de instancias de concertación a nivel regional, provincial y distrital para coordinar, articular y monitorear políticas públicas orientadas a erradicar la violencia en el país. El balance de implementación es desalentador.
Según la ley, los gobiernos regionales y locales son responsables de crear y conducir estas instancias para prevenir la violencia. La presidencia debe recaer en los gobernadores y alcaldes, según corresponda. “Estas instancias funcionan como espacios de articulación, integrando a instituciones del Estado y de la sociedad civil para abordar y concertar asuntos de política social relacionados con la violencia de género”, explicó a la Red Micaelas el jefe de la oficina defensorial de Loreto, Abel Chiroque.
El funcionario también advirtió que existe un problema de acceso a la información de los actores, lo que ha normalizado una deficiente acción para que las víctimas puedan acceder a la justicia. Considera que estos problemas pueden abordarse dentro de las instancias de concertación.
Sin embargo, a casi una década de su promulgación, la implementación de estas instancias presenta avances desiguales en el país. Mientras que algunas regiones han establecido y operan activamente estos espacios, en otras su creación e implementación siguen pendientes.
Lentitud en distritos
El retraso en la instalación de las instancias de concertación es más evidente a nivel distrital. Numerosos distritos aún no han implementado estos espacios, con excepción de nueve regiones que presentan mayores avances: Ica, Lambayeque, Lima Metropolitana, Moquegua, Pasco, Piura, Tacna y Tumbes. La falta de implementación responde a diversas causas, entre ellas la limitada capacidad técnica de algunos gobiernos locales.
Diez regiones del país muestran un bajo progreso en la creación de las Instancias Distritales de Concertación (IDC) contra la violencia, según la matriz actualizada a febrero de 2025, por la Dirección General contra la Violencia de Género del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).
Apurímac y Puno, casos extremos
Apurímac es la región con el menor avance. De los 78 distritos, solo 22 han establecido sus IDC, lo que representa solo un 28.2 %. Esto deja a 56 distritos sin la instancia necesaria, limitando los esfuerzos para prevenir y atender casos de violencia en la región donde nació la presidenta Dina Boluarte.
La situación es más crítica en la provincia de Grau, donde ninguno de sus 13 distritos ha formalizado su IDC. La alcaldesa de Ongoy, Misbel Aquise Nieto, indicó a la Red Micaelas que la rotación de funcionarios en la subgerencia de desarrollo social y la falta de asistencia técnica han dificultado el proceso. Esta precisión coincide con las conclusiones de una supervisión de la Defensoría del Pueblo.
“Estamos en proceso de instalación. He solicitado en Lima que se brinde atención especial a Oncoy porque en nuestras comunidades y centros poblados el machismo y la violencia siguen afectando a las mujeres”, declaró la alcaldesa. Aunque afirmó que cuentan con la ordenanza, no se ha registrado ninguna publicación oficial sobre su implementación. No obstante, aseguró que este año finalizarán el procedimiento.
Puno enfrenta una situación similar, con un avance de solo el 34 %. En esta región, las provincias de Sandía, Lampa y Azángaro no han instalado ninguna instancia distrital. En la provincia de Carabaya, apenas dos distritos han logrado aprobar la ordenanza. “Yo puedo ser alcalde provincial, pero los distritos tienen autonomía económica y administrativa. No les voy a imponer. En 2023 les enviamos oficios para que cumplan con instalar sus instancias, también se les ha invitado para la asistencia técnica, pero no asisten”, explicó el alcalde provincial de Carabaya, Edmundo Cáceres Guerra.
Falta de funcionamiento y baja asistencia
A pesar de contar con ordenanzas de creación, muchas IDC no realizan sesiones ordinarias ni extraordinarias, y carecen de reglamento interno y plan de trabajo. En Áncash, un informe de la Oficina Defensorial reveló que varios distritos, como Taricá, Antonio Raimondi, Mancos, Carhuaz y Culebras, tienen instancias creadas, pero no sesionan ni disponen de información sobre su reglamento o plan de trabajo. En contraste, el distrito de Huarmey cuenta con un reglamento y plan de trabajo aprobados y se encuentra en funcionamiento.
En las instancias que sí realizan sesiones, como son las instancias regionales, la asistencia es irregular, los representantes alternos suelen acudir con mayor frecuencia en reemplazo de los titulares, o bien hay una alta inasistencia. En el Callao, durante 2024 se llevaron a cabo cuatro sesiones ordinarias y dos extraordinarias. En la segunda sesión del 28 de junio, hubo 11 titulares, nueve alternos y ocho ausentes. En la tercera sesión de septiembre, participaron siete titulares, nueve alternos y 10 ausentes. Y en la cuarta sesión de diciembre, asistieron seis titulares, 17 alternos y seis miembros estuvieron ausentes.
De manera similar, en San Martín, la primera sesión ordinaria, en marzo, fue con cinco titulares y 11 alternos. La segunda contó con cinco titulares y 10 alternos, la tercera con seis titulares y nueve alternos, y la cuarta con cinco titulares y 11 alternos.
Durante la primera sesión, la representante de la Defensoría del Pueblo, Janet Álvarez, informó que los gobiernos locales no implementan o crean mesas de concertación. Señaló que en las provincias de Huallaga y Rioja se convocan reuniones, pero no se incluye a la Defensoría, y los alcaldes, responsables de presidir las mesas, no asisten.
El gobernador Walter Grundel, según consta en acta de la cuarta sesión ordinaria, destacó la falta de comunicación entre los alcaldes, quienes tampoco asisten a las reuniones convocadas, subrayando la necesidad de que al menos envíen representantes. En la última sesión de diciembre, sugirió invitar a representantes de las rondas campesinas.
Por su parte, Zoraida Sonco, representante del Foro Regional por los Derechos Sexuales y Reproductivos de Arequipa (Fordes), advirtió que, aunque la ley permite la participación de representantes alternos, estos deben estar capacitados para tomar decisiones y proponer temas concretos. “Si voy a enviar a un funcionario que no tiene esa capacidad, no se va a poder avanzar. Son espacios para acordar, y si no hay decisiones claras, solo se va a dilatar y dilatar los acuerdos”, afirmó a Micaelas.
Propuesta legislativa en Arequipa
En esa línea, desde Arequipa, la consejera regional Norma Ortega propuso una iniciativa legislativa para modificar la ordenanza vigente y regular la instancia regional de concertación. La propuesta busca incluir a representantes de rondas campesinas, urbanas y nativas, elegidos democráticamente según el procedimiento de la Secretaría Técnica, dado que en la región representan el 4% de la población. También plantea incorporar a representantes de la sociedad civil provenientes de las instancias provinciales, de los cuales tres serían elegidos democráticamente.
El proyecto ya fue presentado ante el Congreso el pasado 14 de octubre del 2024 y actualmente se encuentra en la Comisión de Descentralización. Según la consejera Ortega, esta iniciativa responde a observaciones recogidas de la ciudadana Margarita Monzón sobre la falta de representación adecuada en las mesas de concertación que impide un trabajo integral para tratar la violencia.
