Por: Deysi Pari
El caso de Celia Ramos Durand, el primero sobre esterilizaciones forzadas en llegar a ser juzgado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), continúa su proceso. La muerte del exdictador Alberto Fujimori no lo extingue.
La abogada de Demus (Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer), María Ysabel Cedano, explicó que el caso prosigue porque el juzgado es el Estado peruano. “Ese caso nos permitirá saber la verdad y alcanzar justicia y reparaciones integrales”, declaró para la Red Micaelas.
Según explicó, el proceso penal en el Perú continuará porque Fujimori no fue el único denunciado. La defensa busca que se determine que las esterilizaciones forzadas fueron una política de Estado, para lo cual hubo un aparato organizado de poder. “Fujimori fue el mayor responsable y lamentamos que, por las injerencias políticas, se haya dilatado tantos años”, mencionó.
Cedano recordó que aún estaba pendiente en Chile la aprobación de la extradición de Fujimori para que responda también por las esterilizaciones. Tras la muerte del exdictador ahora procede el sobreseimiento y el caso queda archivado únicamente para él. Los demás implicados en Perú aún deben responder ante la justicia.
En ese contexto, la abogada de Demus recordó que los exministros de Salud Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga, quien ahora es congresista por el fujimorismo, siguen en calidad de denunciados.
El caso Celia Ramos
La ciudadana peruana Celia Ramos falleció en 1997, cuando tenía 34 años de edad, a causa de una operación para ligarse las trompas.
Celia Ramos había acudido a un centro de salud en La Legua, en la región Piura, para acceder a una cita de odontología, pero fue asediada para someterse a la intervención. Pasaron 19 días después de la intervención y ella falleció.
En el proceso que se sigue ante la CIDH, Demus es colitigante junto con el Programa para la Región Andina, Norteamérica y el Caribe del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional.
La abogada María Ysabel Cedano detalló que la CIDH dio plazo a las partes hasta el 19 de setiembre para que definan quienes van a declarar cuando llegue el momento. Tras ello, esperarán la convocatoria a audiencia y el paso siguiente será el pronunciamiento de la citada instancia supranacional. Se calcula que esto ocurra el 2025.
La abogada destacó que este caso es sumamente importante, porque, si resulta condenatoria para el Estado peruano, va a ser útil para todas las víctimas de esterilizaciones forzadas y para saber la verdad. “Para que, de una vez por todas, la gente deje de negar lo que pasó, vamos a poder defender nuestro derecho a la memoria histórica”, enfatizó.
Proceso penal en Perú
Mientras tanto, el proceso en el país continúa y está pendiente que la Fiscalía adecue la denuncia al Nuevo Código Procesal Penal, tal como lo ordenó el juzgado.
“Esperamos que, en esta denuncia actualizada, se incorporen nuevas denunciantes, porque ya están listas las denuncias de más de 2000. Es decir, tenemos a más de 3000 denunciantes”, señaló.
En relación a la reciente ley aprobada por el Congreso que permite la prescripción de delitos de lesa humanidad, Cedano dijo que esperan que los fiscales y jueces hagan caso omiso y primen los derechos humanos.
Finalmente, al referirse a la actuación del gobierno de Dina Boluarte frente a la muerte de Fujimori, Cedano la consideró como una ofensa a las víctimas: “No sorprende que este gobierno trate a un condenado por crímenes de lesa humanidad con honores, es una expresión del total desprecio de las víctimas de este régimen”.
