Por: Analí Andrade Pareja – Radio Titanka de Apurímac
El Congreso ha extendido el plazo del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) por seis meses, con una posible prórroga de otros seis meses más, mientras se espera la aprobación de una nueva ley para la pequeña minería y minería artesanal. Sin embargo, esta medida ha generado dudas sobre su efectividad y el impacto en las regiones más afectadas por esta actividad.
El abogado especialista en derechos humanos, medio ambiente y pueblos indígenas de la Red Muqui, Rodrigo Lauracio, dio un análisis respecto a esta decisión del congreso en el programa Voces del Sur que se emite los sábados por radio Titanka en la región Apurímac.
– ¿Será posible la aprobación de la nueva ley en este plazo de un año, tomando en cuenta los antecedentes y la reiterada ampliación de los plazos del Reinfo?
Es complicado. La pequeña minería y minería artesanal ha crecido mucho en regiones como Cusco, Puno y Apurímac, pero aprobar una ley que atienda todas las necesidades en un año es difícil. Se necesita la participación de gobiernos locales, regionales y gremios para lograr avances reales.
– ¿Por qué es difícil avanzar en la formalización de la pequeña minería?
Falta capacidad técnica para atender las solicitudes y los mineros no siempre tienen recursos para cumplir los requisitos. Además, centralizar el proceso en el Ministerio de Energía y Minas, dejando de lado a los gobiernos regionales, genera más obstáculos.
– ¿El texto aprobado ahora centraliza en el Ministerio de Energía y Minas los procesos de formalización. Esto resuelve en algo los problemas de fondo de la formalización?
No. Los funcionarios del ministerio difícilmente podrán atender todos los casos a nivel nacional. Los gobiernos regionales y locales deben ser parte del proceso porque conocen mejor la realidad de sus zonas.
– ¿Esta ampliación del Reinfo favorece la minería ilegal?
Sí, porque permite que las actividades ilegales continúen sin un control real. Esto afecta el medio ambiente, genera más problemas sociales y deja sin sanción a quienes operan en zonas prohibidas.
– El actual decreto 1293, que regula el sistema del Reinfo, incluye una disposición que permite a los mineros ilegales a operar en zonas prohibidas sin que puedan ser denunciados. Esto no ha sido tocado por los congresistas. ¿El Parlamento debió derogar al menos esta disposición?
Claro que sí. En áreas naturales protegidas no se puede realizar minería bajo ninguna circunstancia. Mantener esta disposición incentiva la ilegalidad y agrava los daños ambientales.
– ¿Cree usted que la minería ilegal está infiltrada en la política y por eso no derogaron dicha disposición?
Es probable. La minería ilegal mueve mucho dinero y puede influir en decisiones políticas. Esto afecta no solo la formalización, sino también la seguridad y el desarrollo en las regiones.
– ¿Por qué es peligrosa la minería ilegal?
Porque contamina el medio ambiente, afecta la salud de las personas y está relacionada con problemas graves como la trata de personas y la explotación laboral. Además, daña las áreas protegidas, lo que tiene consecuencias irreversibles.