Por: Deysi Pari
Foto: Cortesía IEP
– ¿Qué opinión tiene acerca de la ley de licenciamiento permanente y qué representa para la calidad universitaria?
Lo que confirma esta ley es el fin de la reforma universitaria. Estamos frente al fin del sistema de aseguramiento de la calidad, que era uno de los principales aportes de la norma y eso debido a dos cosas. Uno: que la ley del licenciamiento permanente no está ofreciendo un marco legal respecto a qué sucede con las universidades que van a tener unos resultados negativos de las visitas que ellos están proponiendo.
Lo segundo es que a la luz de lo que ha pasado con la actual Sunedu, desde su transformación en el año 2021, no podemos estar muy seguros que vaya a cumplir su rol regulador. Hasta ahora no lo han hecho y nada nos garantiza que vayan a hacerlo. El licenciamiento permanente lo que va a hacer es desestimular este crecimiento continuo de calidad y que no tengamos la certeza que se trata de una oferta con mínima calidad.
– La nueva norma dice habrá visitas inopinadas para que supuestamente se cumplan las condiciones básicas de calidad. ¿Cree que solo es una forma de hacer ver que sí inspeccionan, pero en el fondo la idea es no molestar a las universidades, sobre todo a las privadas?
A la luz de lo que ha hecho la Sunedu, sí. Creo que solo es una formalidad. Pero esperemos el reglamento, a ver si estas evaluaciones, efectivamente, van a tener una finalidad reguladora.
Condiciones básicas de calidad
– La ley ha modificado el artículo 13 que señala que el licenciamiento permanente será siempre y cuando demuestren el cumplimiento continuo de las condiciones básicas de calidad. ¿Cuáles son esas condiciones?
Son alrededor de once indicadores, con una serie de especificidades. Para tener la información general, podemos agrupar condiciones básicas de calidad en varios temas. Uno tiene que ver con la infraestructura, una universidad no puede funcionar si sus programas no cumplen con ello. Por ejemplo, un programa de Medicina necesita un laboratorio para poder hacer su práctica. Además, el otro grupo tiene que ver con los profesionales, los docentes tienen que cumplir requisitos mínimos, pero ahora se han relajado otra vez, por ejemplo, el grado de maestría. Tiene que haber 25% de profesores trabajando a tiempo completo, con lo cual se organiza un cuerpo docente, necesitan tener planes estratégicos, información de sus egresados y el vínculo con el mercado laboral.
Otro artículo que se ha modificado es el 47 respecto a la modalidad a distancia, ahora se va a permitir al 100% de los créditos académicos. ¿Cómo afectaría la formación de los futuros profesionales?
La virtualidad es positiva en general y las discusiones postpandemia a nivel internacional así lo están demostrando. Sin embargo, para que esto sea importante, se requiere cumplir con otras condiciones para que la virtualidad sea exitosa; por ejemplo, tener suficiente infraestructura de conectividad, es decir, que haya posibilidad de tener conexión a Internet. Un segundo punto es que los estudiantes y profesores tengan habilidades básicas de alfabetización digital y virtual.
Tercero y lo más importante: que haya programas especialmente diseñados para la virtualidad. No se trata solo de subir un PDF o de conectarse al Zoom para poder hacer una clase virtual. La manera de enseñar y de aprender en la virtualidad cambian. Considerando esos tres elementos, en el Perú tenemos un riesgo porque todas estas condiciones no se dan: no hay suficiente conectividad ni alfabetización digital y menos aún tenemos programas de estudio diseñados específicamente para la virtualidad. Pasar todo al 100% puede facilitar los intereses de algunas universidades que quieren ofrecer este tipo de programas por razones económicas, pero no necesariamente pensando en los indicadores de calidad.
El fin del fin
Esta norma fue votada rápidamente en la Comisión Permanente y luego fue promulgada. ¿Esto nos dice que hay intereses muy fuertes detrás?
Sin duda. No solo para esa ley, sino para todas las leyes que se han aprobado en este Congreso y con la anuencia del Ejecutivo. Esto es como el fin del fin, pero el asedio a la reforma se ha ido consolidando a partir de un conjunto de normas que son productos de interés particulares, probablemente de muchas universidades que no lograron conseguir el licenciamiento y que ahora, gracias a los vínculos políticos, pueden normar. Al principio hubo un grupo de universidades que estuvieron en contra de la reforma, algunas de ellas finalmente aceptaron y se allanaron.
En cambio, otras se mantuvieron en el margen, tratando de esperar el momento político para modificar las normas en función a sus propios intereses. También nos hemos dado cuenta que el Congreso y el Ejecutivo hacen leyes de creación de universidades públicas sin pensar en el sistema y respecto de intereses particulares que acá no tienen que ver con negocios empresariales, sino con elección, con mucho populismo, con promesas hechas a sus electores. Hay intereses particulares que están por delante de los intereses nacionales y ese es el problema.
¿Qué alternativas quedan para tratar de contener esta arremetida? ¿Algún sector podría interponer una demanda ante el Tribunal Constitucional?
Hay varios caminos, no sé qué tan exitosos puedan ser. Un camino es el de la demanda. Sin embargo, veo muy poca posibilidad porque los organismos que toman las decisiones finales han mostrado también parcialidad de alguna manera con los que impulsaron estas leyes. Además de eso, creo que la ciudadanía, los medios de comunicación, tienen que estar atentos para alzar nuestra voz y decir que efectivamente las cosas están empeorando y mostrar cómo estas decisiones equivocadas van a tener consecuencias. Lo tercero, que es menos optimista, es mirar con detenimiento todo para que, a partir del año 2026, cuando el gobierno y el Congreso cambien, ojalá vengan nuevos tiempos y oportunidades para recomponer varios de los daños realizados a la educación en general y a la educación universitaria.
