Por: María Luz Cruz – Radio Yaraví de Arequipa
El reciente informe de Amnistía Internacional titulado “¿Quién disparó la orden?” señala que la presidenta Dina Boluarte debe ser investigada por autoría mediata en el proceso penal sobre la muerte de 50 personas durante las protestas entre diciembre del 2022 y marzo del 2023.
Al respecto, el presidente de la Organización Nacional de Deudos y Víctimas de las Masacres 2022-2023, Raúl Samillán Sanga, señaló que dicha investigación confirma su denuncia: que la presidenta Dina Boluarte y sus ministros mantuvieron un contacto cercano y constante con las fuerzas policiales y militares durante los días de la masacre.
“Dina Boluarte tenía toda la información, estaba en contacto con el jefe máximo de la Policía Nacional del Perú, quienes elaboraron un plan para contrarrestar estas manifestaciones”, señaló.
El informe revela que Boluarte y sus ministros tomaron decisiones que resultaron en una represión desmedida. Raúl Samillán sostiene que el gobierno habría proporcionado municiones de largo alcance y cacerinas a las fuerzas de seguridad, además de etiquetar a los manifestantes como terroristas.
“La represión se manifestó inicialmente en Andahuaylas y, posteriormente, con mayor ferocidad en Juliaca, donde se registraron 18 muertes en un solo día (9 de enero de 2023) y más de 500 heridos”, expresó.
Protestas contra el Congreso
Debido al amplio rechazo al Congreso, que días atrás aprobó la ley que prescribe delitos de lesa humanidad, Samillán anunció una serie de protestas programadas para el 27, 28 y 29 de julio en Lima.
Los manifestantes exigirán justicia y alertarán sobre el riesgo de que se presenten nuevos proyectos legislativos que protejan a los responsables de las matanzas. Ciudadanos de todas las regiones del país se movilizarán para expresar su repudio al gobierno y exigir que las muertes de sus seres queridos no queden impunes.
