Por: Leysel Flores – Pachamama Radio de Puno
Según estadísticas del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familias – AURORA, de enero a junio de 2024, los Centros de Emergencia Mujer de Puno atendieron 2.593 casos de violencia. El 48.4% de los mismos corresponden a casos de violencia física.
En este contexto, la abogada Diana Pasaca sostuvo que es importante exigir un desempeño eficaz y ético de los funcionarios públicos cuando se presenta una denuncia por violencia contra la mujer.
Según la letrada, en Puno hay demoras y falta de acción inmediata por parte de los operadores de justicia respecto a la investigación y persecución del delito, lo que puede afectar y comprometer gravemente el proceso.
Puso como ejemplo, un reciente caso de abuso sexual a una menor de 3 años de edad en la localidad de Ayaviri. Al acudir al médico legista para la evaluación, la madre y la menor tuvieron que esperar horas debido a la ausencia del profesional. Pasaca destacó que, si la prueba se hubiera realizado de inmediato, se podría haber detenido al agresor sin dilación y así, evitar que se pierdan pruebas esenciales.
Proteger pruebas
Además, la jurista resaltó que los policías, especialmente los especializados en violencia de género, deben estar preparados para proteger la escena del crimen y mantener la cadena de custodia de las pruebas. “Es fundamental que los policías actúen de inmediato, salvaguardando la escena para evitar que alguien la contamine”, indicó Pasaca.
Advirtió que la inacción o la mala praxis en esta etapa puede resultar en la pérdida de medios probatorios y, en consecuencia, en la impunidad del agresor. Estima que el 505 de los casos podrían verse afectados.
La abogada concluyó que es esencial que el Estado y sus funcionarios cumplan con su deber de manera profesional y ética desde el principio.
