Por: Leysel Flores
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) inició un proceso disciplinario inmediato contra la presidenta del Poder Judicial, Janeth Tello, y cuatro jueces supremos por presuntamente haber utilizado una ley derogada en una sentencia laboral.
Esta medida ha generado preocupación en diversas instituciones, entre ellas la Asociación Civil Transparencia, cuyo secretario general, Omar Awapara Franco, advierte sobre los riesgos que esta acción podría representar para la democracia y la independencia judicial en el país.
En conversación con Voces del Sur, vía radio La Decana de Juliaca, Awapara señaló tres aspectos clave de esta situación como el proceso sumario sin fundamentos sólidos.
Transparencia considera que este proceso carece de proporcionalidad, ya que el caso en cuestión no representa una falta grave que amerite una sanción drástica como la destitución de la presidenta del Poder Judicial. Además, sostiene que la norma aplicada en la sentencia no estaba derogada, sino solo modificada.
Motivación política
Awapara resaltó que existe una posible motivación política, pues este proceso se enmarca en un contexto de influencia política sobre el sistema de justicia. “Es bastante difícil no ver la motivación política detrás de esta investigación“, sostuvo.
Destaca que la nueva composición de la JNJ, cuya selección generó cuestionamientos sobre su transparencia, podría estar respondiendo a intereses del Ejecutivo y el Congreso para debilitar la autonomía del Poder Judicial.
Awapara advierte que, de concretarse la destitución de Tello, se abriría un nuevo proceso de selección que podría permitir al Ejecutivo y al Legislativo influir directamente en la designación de la máxima autoridad judicial del país, afectando la seguridad jurídica y el equilibrio de poderes en el Perú.
Riesgos para el proceso electoral
Por otro lado, Transparencia ha identificado seis riesgos en el proceso electoral que se avecina, uno de los cuales es la pérdida de autonomía de los organismos de justicia y electorales. La celeridad con la que se ha iniciado este proceso disciplinario, en comparación con la lentitud en casos de mayor gravedad, levanta sospechas sobre una posible presión política para alinear a los magistrados con el gobierno y el Congreso.
