Un grupo de aproximadamente 100 lideresas campesinas e indígenas de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú emitió un pronunciamiento para denunciar el retroceso de sus derechos.
El pronunciamiento, que será presentado a organismos internacionales como la Relatora Especial de la ONU sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, destaca cómo las conquistas sociales logradas durante años de lucha democrática están siendo amenazadas.
El mismo se dio a conocer durante el Encuentro Internacional “Redes de lucha: lideresas campesinas e indígenas de Latinoamérica contra la violencia de género”. La actividad fue realizada en Huancayo (Junín) el 28 de febrero y 1 de marzo.
En el documento señalan que la situación política actual en América Latina está afectando de manera directa a las mujeres rurales, quienes enfrentan un contexto de creciente discriminación, criminalización y desigualdad.
Preocupación por amenazas hacia las mujeres
Durante el evento, organizado por la ONG Fomento de la Vida (FOVIDA) y apoyado por varias instituciones internacionales, las lideresas expresaron su preocupación por el avance de estos grupos.
Consideran que han incrementado las amenazas hacia las mujeres, especialmente las campesinas e indígenas, que, además de luchar contra la violencia de género, deben enfrentar la degradación de sus territorios y el despojo de sus recursos naturales.
La violencia de género en la región fue otro tema central del encuentro. Según las Naciones Unidas, América Latina alberga 14 de los 25 países con mayores índices de feminicidio en el mundo.
Mientras que según los datos de la Defensoría del Pueblo, los feminicidios siguen en aumento, con 170 casos reportados en lo que va de 2024. Esto representa un incremento alarmante respecto al año anterior. De estos casos, un 42% fueron perpetrados por parejas o exparejas de las víctimas.
Las mujeres rurales y las de pueblos indígenas, como se destacó en el pronunciamiento, enfrentan una violencia aún más compleja debido a factores como el aislamiento geográfico, la discriminación estructural y los impactos del cambio climático en sus territorios. Además, las barreras económicas y la falta de acceso a la justicia agravan la situación, dejándolas aún más vulnerables.
