Por: Marilin Zamora – Radio Quillabamba TV de Cusco
La abogada especializada en materia de Derechos Humanos e integrante de Demus, María Ysabel Cedano García, analizó la ley que establece la prescripción de los delitos de lesa humanidad cometidos en el Perú, antes del 2002. Esta fue promulgada el último jueves por el Congreso.
En el programa Voces del Sur que se emite por radio Quillabamba TV de Cusco, la abogada dio sus impresiones.
– El Congreso aprobó esta ley que prescribe los delitos de lesa humanidad cometidos en Perú antes del 2002, ¿qué significa para el país?
Lo que está pasando en el Congreso es una evidencia de la dictadura que estamos viviendo, donde el derecho queda de lado. Esa norma contraviene absolutamente el derecho internacional público de los derechos humanos. Los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, es una norma, no solamente escrita sino de costumbre, que los estados respetan en todas partes del mundo cuando les importan los derechos humanos, cosa que aquí no pasa.
– La Corte Interamericana de Derechos Humanos, a mediados de junio, pidió al Estado peruano que suspenda el trámite de este proyecto de ley, porque viola el derecho de acceso a la justicia de casos como Barrios Altos, La Cantuta entre otros, donde según las investigaciones existe crímenes de lesa humanidad. ¿Qué representa este desacato?
En la dictadura que estamos viviendo no solo no se respetan las normas de Derecho Internacional Público, sino que también se desacata lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hasta el momento, hemos visto cómo se ha aprobado una ley que dice que a los crímenes de lesa humanidad cometidos en el Perú antes del 2001 no se les aplica la Convención de imprescriptibilidad, porque fue firmada después. Pero existe la norma por la cual los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles. Esto es un claro atentado a nuestra justicia, sobre todo para las familias que esperan años.
Pronunciamiento de la CIDH
– ¿Cuál es el nivel de injerencia para administrar sanciones por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos?
Aquí la Corte ya ordenó, se ha entrado en desacato y ahora va a ser muy importante el pronunciamiento de la Organización de los Estados Americanos y de cada Estado que es parte de dicha institución. Tienen el deber de hacer cumplir lo que dice la Corte y sí hay sanciones como los embargos, cierre de acuerdos económicos, la suspensión de visas a los que son violadores de derechos humanos; porque se han vulnerado los derechos humanos durante los años 80 y 90 en el Perú y los están violando actualmente cuando hacen este tipo de leyes de impunidad.
Hay que seguir vigilantes, presionando a la comunidad, que sea coherente, no puede ser que los estados en Naciones Unidas y en las diversas instancias, no se emitan conclusiones de lo mal que está actuando el Estado peruano y no se les sanciona como debe ser. Afectan a miles de mujeres, por ejemplo, las víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado interno quedarían sin justicia si sacan esa norma. ¿Qué va a pasar con los militares condenados por violaciones, qué va a pasar con las miles de víctimas de esterilizaciones forzadas que están esperando justicia? Este tipo de leyes son indignantes, una aberración jurídica y un claro uso de poder para favorecer a unos cuantos.
Jueces no deben aplicarla
– Al ser promulgada, ¿existe la posibilidad de que sea modificada en el futuro, se puede realizar alguna acción inmediata para evitar su aplicación?
El Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ante la Convención Interamericana, lo que ha dicho es que, si se aprueba la norma, existe la posibilidad de control difuso de la Convención Americana. Es decir que los jueces y los fiscales tienen que decidir si la aplican o no, es una alternativa inmediata que pueden realizar. Recordemos que en los 90, cuando Fujimori aprobó la Ley de Amnistía, la jueza Sakikuray no la aplicó y sentó un gran precedente para no darle amnistía a militares porque la ley contravenía la Convención Americana. Hoy, jueces y fiscales pueden hacer lo mismo. Hay que darle garantías a los jueces y fiscales porque la propia norma dice que quien la desacata va a ser investigado y eso hay que evitarlo.
– Alberto Fujimori aspira a ser candidato para las elecciones de 2026, pese a ser juzgado por crímenes de lesa humanidad. ¿Con esta norma, podría ser candidato?
Él ya está indultado pese a lo que impone la Corte Interamericana, esto es una raya más al tigre para el caso Fujimori. Cuando hablamos de las dictaduras, son regímenes en los que no se respeta el Estado de Derecho, las normas de la Constitución, de los derechos humanos, ya todos sabemos que Fujimori no puede ni siquiera ser candidato porque la ley prohíbe. Sin embargo, anuncian sin ningún problema, que lo va a ser. A eso nos referimos cuando decimos que estamos en una dictadura, el Congreso de la República no respeta los derechos de las personas, ahí es donde el pueblo tiene que hacer valer su derecho a la insurgencia que está considerado en la Constitución.
Pero teniendo este derecho a la insurgencia para enfrentar una ley de impunidad, un indulto y todo lo demás, te estigmatizan o acusan de terrorista y empieza la criminalización por protestar.
