Entrevista por Milagros Gonzáles Sánchez.
En el contexto de la posible fusión del Ministerio de la Mujer con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, como adelantó al mandataria Dina Boluarte en julio del 2024, y tras la presentación de un proyecto de ley de la congresista Milagros Jáuregui de nombrar Ministerio de la Familia a la posible anexión de carteras, conversamos con Shely Cabrera, abogada y responsable de incidencia de l Movimiento Manuela Ramos.
Shely Cabrera advierte sobre los riesgos que esto representaría para la protección de los derechos de las mujeres y víctimas de violencia de género. Enfatiza que la fusión contravendría compromisos internacionales como la CEDAW y la Convención de Belém do Pará, en lo que el Estado Peruano es signatario, lo que representaría un claro retroceso en los derechos humanos.
El motivo por el cual hay dos ministerios aparte es porque las prioridades son diferentes. Realizar la fusión reduciría la capacidad del Estado para abordar de manera efectiva el problema de la violencia basada en género.
Shely Cabrera, abogada de la organización Manuela Ramos.
Otro punto de preocupación es la afectación a los mecanismos de protección existentes, como los Centros de Emergencia Mujer y el Programa Nacional Aurora, que, si bien aún tienen limitaciones, cumplen un rol fundamental en la asistencia a víctimas.
También consultamos a la representante de Manuela Ramos, Shely Cabrera, sobre las últimas modificaciones del Decreto Legislativo 1428, que es una herramienta normativa para la atención de denuncias de desaparecidas. La especialista destaca que, aunque los cambios introducen ciertos avances, la derogación del protocolo interinstitucional previo ha dejado un vacío normativo que pone en riesgo la efectividad en la respuesta ante desapariciones de mujeres y poblaciones vulnerables sobre todo desde la recepción de denuncias en comisarías de la Policía Nacional del Perú.
¿Qué implicancias o peligros podría presentar en la atención a la protección de las víctimas de violencia de género, teniendo en cuenta la lamentable cifra del año pasado, de 170 víctimas de feminicidio, la fusión del Ministerio de la Mujer con el MIDIS y que se cambie su nombre?
Sí. Es un riesgo muy grande a los derechos tras una fusión como la que se plantea entre el Ministerio de la Mujer con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión social. Esto podría llevar a que las necesidades específicas de mujeres y poblaciones vulnerables queden relegadas o invisibilizadas dentro de una cartera con múltiples prioridades.
Justamente el motivo por el cual hay dos ministerios aparte es porque las prioridades son diferentes. Realizar la fusión como la están planteando reduciría la capacidad del Estado para abordar de manera efectiva el problema de la violencia basada en género. Se perdería el enfoque porque el MIMP ha acumulado un conocimiento y experiencia únicos en el diseño e implementación de políticas públicas con perspectiva de género.
Se podría perder ese enfoque especializado y a la vez dentro de esto tenemos que recalcar el rol tan importante que tiene el MIMP. La de promoción y protección de derechos, el enfoque especializado que tiene, la presencia nacional que se ha logrado con varias de las políticas públicas. Sumado a esto, el MIMP es parte de compromisos internacionales y obligaciones que tiene el Estado.
El CEDAW que es el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha instado al Estado peruano a fortalecer y garantizar la integridad de sus funciones. Esta fusión contravendría las recomendaciones y podría contradecir el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de igualdad de género.
Tenemos que tener acá bien claro que la realidad es que los derechos siguen sin alcanzar plenitud, pero el promover una fusión de la naturaleza en que se está promoviendo va a generar que los derechos sean mucho más relegados, que sean invisibilizadas las violencias y que se pierda un enfoque especializado en general, no sólo para la población que tiene el MIMP.
También se tiene la Convención conocida como Belém do Pará, del que Perú es signatario. Es un acuerdo clave en la protección de los derechos de las mujeres y la prevención de la violencia de género. Esta convención también exige a los Estados que fortalezcan sus organismos de protección y atención a las víctimas. Entonces, realmente se va en contra de estándares internacionales. La fusión de ministerios es un retroceso claro y también va en contra del principio de no regresividad de derechos humanos.
Dentro de algunos mecanismos que ofrece el Ministerio de la Mujer están los Centros de Emergencia Mujer (CEM) y el Portal Estadístico del Programa Nacional Aurora. No tienen alcances óptimos, pero están funcionando. ¿Qué otros mecanismos, por ejemplo, como los CEM, el Programa Aurora, ustedes identifican que podrían ser afectados por esta posible fusión o desaparición del Ministerio de la Mujer?
Tenemos a los Centros de Emergencia Mujer en básicamente todas las regiones y provincias del país. No llegan a todos lados, eso es cierto, pero a los lugares en los que no llegan se busca de alguna manera establecer contacto. Están también, por ejemplo, los UPE, son las Unidades de Protección Especial, estas dependen de la Dirección General de Niños y Niños Adolescentes. Realmente lo que se ve acá es que, mal que bien, estos protocolos, estas políticas públicas están ahí para rendir cuentas, están ahí para recopilar información, para también ser un servicio al que las víctimas puedan acceder con facilidad.
¿Desde las asociaciones civiles consideran que las modificaciones que se han hecho al Decreto Legislativo 1428 realmente fortalecen la respuesta del Estado desde la Policía ante la desaparición de las mujeres o han significado un retroceso en la articulación interinstitucional?
Justamente, antes de establecer que sí, los enfoques que establece la modificación de octubre son importantes. El problema acá está que al derogar el protocolo y no implementar otro, no tener algo que pueda servir para ocupar este lugar, deja un vacío legal. Si bien el Artículo 11 sí establece algunos presupuestos de articulación que son bastante útiles, no se comparan a lo que era el protocolo. El protocolo, no por nada, son creo que alrededor de 30 páginas en las que están anunciadas todas las definiciones, todos los programas.
Se establecen también responsabilidades dentro de lo que son las denuncias: Quién recibe la denuncia, a quién se la pasa, quién puede presentar la denuncia, qué contenido debe tener. Es un protocolo, justamente la palabra clave acá es el protocolo, que actualmente no existe.
Entonces, si bien la modificatoria es un avance porque se están tomando en cuenta identidades que antes se desconocían para lo que es la búsqueda de personas desaparecidas: el protocolo mismo sigue sin existir debido a esta derogación.
También el protocolo definía lo que son las personas LGTBI, afrodescendientes, integrantes de pueblos indígenas originarios, mujeres víctimas de violencia, migrantes, personas desplazadas, personas con discapacidad.
Al ser un protocolo, al ser un instrumento de esta naturaleza, te permite un alcance y un detalle mucho mayor de lo que permite un solo artículo en una norma. Entonces, actualmente se sigue pudiendo activar, se sigue sin comunicación con estas instituciones, pero no se tiene una pauta de guía tan específica como se tenía antes.
Quiero resaltar que no están en desprotección las personas, pueden denunciar una desaparición, su denuncia tiene que ser cumplida y tiene que ser procesada. Pero ciertamente, la falta de un protocolo deja este aire de no tener un detalle de cómo va a funcionar, de no saber específicamente quién va a tomar responsabilidad de la denuncia dentro de determinada institución. Entonces, si bien genera unos pocos avances, también hay unos retrocesos que están claros.
Si bien la modificatoria es un avance porque se están tomando en cuenta identidades que antes se desconocían para lo que es la búsqueda de personas desaparecidas: el protocolo mismo sigue sin existir debido a esta derogación.
Shely Cabrera, abogada de la organización Manuela Ramos.
