Por: Karol Macetas y María Luz Cruz de Radio Yaraví de Arequipa
El Ministerio Público emitió un extenso pronunciamiento donde hacen un llamado a la ciudadanía para sumarse a la defensa de la democracia y expresan su rechazo a tres iniciativas del Congreso. El abogado constitucionalista Luciano López explica el impacto de este comunicado.
– El Ministerio Público emitió un pronunciamiento mediante el cual rechaza tres proyectos de ley porque considera que atentan contra su autonomía. Una de estas iniciativas, del congresista Wilson Soto, propone reorganizar la Junta Nacional de Justicia y la Fiscalía, ¿con esta propuesta se podrá dar una verdadera solución a los problemas del sistema de justicia?
De ninguna manera y por una simplísima razón: los problemas de la administración de justicia son endémicos en el país, necesitan de un amplio debate, de una gran participación de los diferentes estamentos de la sociedad civil, incluyendo naturalmente los de la propia administración de justicia, las universidades, los profesores universitarios y de los ciudadanos y los medios de comunicación. El problema tiene que ver con un asunto mucho más de raíz y que aparece como coyuntura, pero en realidad es un problema bastante complicado que tenemos en el país: la legitimidad de la clase política y sobre todo de aquella que está actualmente en el Parlamento. ¡Cómo pueden ellos atreverse a realizar este tipo de reformas tan estructurales cuando tienen el 91% de desaprobación y lo que es peor, ni siquiera se han tomado el esfuerzo de abrir el espacio como para poder legitimar la discusión sobre cuestiones tan estructurales como las que comentamos de cara a la sociedad civil!
No hay uno ni lo otro, entonces en esas circunstancias cualquier cosa que estos señores hagan es, en mi opinión, algo totalmente distinto.
–El sábado terminó la legislatura, sin embargo, en el balance de esta hubo varios proyectos de ley cuestionables y propuestas de reformas constitucionales que implican la modificación de artículos de la Carta Magna. Curiosamente hay congresistas que dicen defender la misma y que en su momento se opusieron a una Asamblea Constituyente.
Efectivamente, desde la caída de Fujimorato en el año 2000 siempre se habló de reforma de la Constitución y hubo oposición del fujimorismo, del aprismo que, desde el año 2006 cuando (Alan) García llega al poder por segunda vez, siempre hablaron del retorno de la Constitución de 1979. En realidad, todos se han acomodado al poder de la Constitución de 1993 y siempre hubo una resistencia al cambio constitucional. Lo que hemos visto con este Parlamento deslegitimado, es que la oposición a la reforma constitucional era solamente de boca para afuera, porque en realidad lo que a ellos siempre les ha interesado es que existan algunas reformas, pero que sean acorde a los intereses de grupo, partidarios.
Hoy tenemos dos situaciones: la primera es que este Congreso deslegitimado funciona como una Constituyente de facto y a contracorriente de la autorización ciudadana. Por otro lado, se ha hecho una modificación de casi el 80% de la Constitución. No solamente tenemos que el Parlamento ha excedido su poder de reforma parcial, porque evidentemente funciona como una constitución de facto, sino porque tenemos una Constitución 2024. No podemos seguir hablando de una Constitución de 1993, estamos hablando de una Constitución 2024 hecha de espaldas al país, sin la autorización de la sociedad civil. Lo que es peor a contracorriente de este discurso reiterado de todos estos grupos que decían que no había que tocar la Constitución.
Lo que ellos han hecho es una contrareforma, la Constitución de 2024 es una de contrarreformas acorde a los intereses de grupo y eso es lo lamentable, lo que tenemos que censurar y rearmar de cara a los comicios del 2026.
–¿Por qué estos tres proyectos de ley, advertidos por el Ministerio Público, están atentando contra la autonomía?
En el caso concreto de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el asunto es puntual. En la Constitución del 93 se diseñó un modelo de elección de jueces y fiscales que esté fuera del poder político, es decir que ni el Poder Legislativo ni el Ejecutivo puedan intervenir en esa elección. Lastimosamente, el proyecto de desaparición de la JNJ y de reemplazo por la Escuela Nacional de la Magistratura, lo que está proponiendo es que sus miembros sean elegidos por el Senado, entonces el ingreso del componente político es algo que desnaturaliza un modelo en el cual se requiere la independencia de los jueces y fiscales.
La segunda cuestión tiene que ver con la reforma del Código Procesal Penal para que sea la Policía la que conduzca la investigación. En la Constitución del 93 se establece que quien la conduce es el Ministerio Público y la Policía lo asiste, es una reforma que siempre estuvo pendiente y que en el Código Procesal del 2003 se pudo ajustar a los términos constitucionales. Ahora, esto es a contracorriente y resulta inconstitucional.
Además, está la famosa ley de amnistía sobre la cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos se acaba de pronunciar y ha convocado al Estado peruano a una audiencia para esta semana.
Activación de la Carta Democrática
–En este comunicado, el Ministerio Público invoca la ciudadanía y otras instituciones a defender a la democracia. La expresidenta del Tribunal Constitucional Marianela Ledesma ha instado a la ciudadanía a que puede ejercer su derecho a la protesta como parte de una insurgencia, ¿Cuál es su opinión?
Creo que no podemos perder de vista que lo planteado por el Ministerio Público tiene una articulación con lo que establece la Carta Democrática Interamericana firmada en Lima en septiembre del 2001, después de la caída del régimen fujimorista. En su primer artículo establece que todos los ciudadanos de América Latina tenemos derecho a la democracia y los estados, el deber de defenderla. Entonces cuando el Ministerio Público hace esta convocatoria, aunque no lo cite, está invocando en realidad a la Carta Democrática Interamericana. Por eso creo que, independientemente de las opiniones de Marianella Ledesma que ha llamado a un derecho reconocido en la Constitución y extremo como es el de la insurgencia, podríamos agotar todos los mecanismos de tratar de recurrir a la Organización de Estados Americanos (OEA) porque indudablemente cuando una institución constitucional tan importante como el Ministerio Público ve sus funciones melladas y está llamando a los ciudadanos a defender la democracia, pues es lógico que la OEA active la carta democrática.
Por otro lado, recordemos el Ministerio Público ha visto mermadas sus funciones con la desactivación del equipo especial policial de apoyo y eso tiene un respaldo en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que prevé el equipamiento y la creación de equipos especiales. Entonces cuando el Estado peruano desactiva este equipo policial de apoyo y afecta el funcionamiento del Ministerio Público en la persecución de delitos de corrupción del poder, también están lesionando dicha convención que el Perú ha suscrito. Creo que ahí también se puede recurrir a las Naciones Unidas para pedir la activación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
–¿Qué significa activar la Carta Democrática?
Significaría que la OEA envía una misión al Perú para establecer una mesa de diálogo. Una experiencia así la tuvimos en el año 2000 cuando cayó el régimen fujimorista, recuerden que fue la OEA la que estableció una mesa de diálogo que permitió el recorte del mandato, porque en ese momento Fujimori empezaba un tercer gobierno de 5 años y entonces pudo hacer una reforma constitucional especial para reducir el término a un año. Creo que la activación podría servir para establecer, con la asistencia de la OEA, una mesa de diálogo para que podamos sentarnos y poner coto a esta situación. Lo decimos varios y lo ha dicho nada menos que el Ministerio Público, ya hay una afectación grave al régimen democrático en el Perú.
