Por: Iyari Gómez – Radio Estación Wari
La abogada penalista Liliana Calderón advirtió en el programa Voces del Sur de la Red Micaelas que las observaciones del Ejecutivo al proyecto de ley sobre la detención preliminar podrían beneficiar a políticos y funcionarios investigados por delitos graves.
Según Calderón, la propuesta restringe la aplicación de la detención preliminar solo a casos con penas mayores a ocho años, dejando fuera delitos como corrupción y tráfico de influencias.
“El problema es que cuando intentas sacar de la mirada a los políticos y funcionarios públicos, terminas generando una impunidad generalizada”, afirmó.
Cambio innecesario
Otro punto cuestionado es la propuesta de que el juez que ordena la detención preliminar no sea el mismo que dicte una eventual detención preventiva. Calderón consideró que este cambio es innecesario y que el problema central es la eliminación de herramientas judiciales clave para combatir la criminalidad.
La especialista insistió en que la solución es restituir el artículo 261 del Código Procesal Penal tal como estaba antes de ser modificado, pues su eliminación ha debilitado la lucha contra delitos graves.
