Por: Deysi Pari
El gobierno de Dina Boluarte evitó observar la autógrafa de la llamada ley de impunidad para los delitos de lesa humanidad cometidos entre los años ochenta y noventa. Tras esta determinación, el Congreso ahora tiene carta libre para promulgar dicha norma.
El plazo para que el Ejecutivo observe dicha norma venció el jueves 01 de agosto. Según se conoció, el Poder Ejecutivo se abstuvo de solicitar opinión sobre el tema a la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. Es decir, no hubo voluntad política para bloquear la promulgación de esta norma, tal como lo exigió la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Los autores
La norma aprobada surgió con el proyecto de ley 6951, de autoría de los congresistas Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) y José Cueto (Renovación Popular). Concretamente, el texto aprobado permite la prescripción de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos antes de julio del 2002, es decir, durante el conflicto armado interno de las décadas del ochenta y noventa.
Esta autógrafa de ley tuvo un decidido respaldo en la Comisión de Constitución, que presidía la fujimorista Martha Moyano, quien lo sustentó ante el Pleno y la Comisión Permanente.
Tras ser aprobada en dos votaciones en el Pleno y la Comisión Permanente, la autógrafa pasó al Ejecutivo, pero Dina Boluarte no emitió observación ni pronunciamiento, con lo que queda expedita para su promulgación.
Diversos abogados especialistas en materia de derechos humanos han advertido el peligro que representa la entrada en vigencia de una norma como esta, pues significaría impunidad para quienes cometieron delitos de violaciones, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en los años ochenta y noventa.
Cómo votaron los congresistas del sur
La primera votación se realizó el 6 de junio en el pleno del Congreso. En esta instancia, el proyecto fue aprobado con 60 votos a favor, 36 en contra y 11 abstenciones.
Hubo tres congresistas de Arequipa que votaron a favor de esta norma: Diana Gonzales, Edwin Martínez y Esdras Medina. A ellos se sumó Óscar Zea de Puno.
Entre los que se abstuvieron figuran Jorge Flores Ancachi y Carlos Zeballos de Puno, Katy Ugarte y Luis Ángel Aragón de Cusco, y Wilson Soto de Huancavelica.
Pero este último congresista cambió de decisión y cuando le tocó votar en la Comisión Permanente, lo hizo a favor, no obstante que la norma también tendrá un impacto en el caso Manta y Vilca de Huancavelica.
El Ministerio Público ha alertado sobre el impacto negativo de esta ley, pues ocasionaría el archivo de aproximadamente 600 procesos. Entre los casos emblemáticos se encuentran Chuschi, El Frontón, Huanta 84, Cantuta, Barrios Altos, el Santa, Pativilca, Putis, Accomarca, entre otros.
