Por: Deysi Pari
Las Juntas de Fiscales Superiores de Arequipa, Cusco, Puno, así como la provincial de Ayacucho emitieron comunicados para rechazar la reciente modificación al Código Procesal Penal, aprobada por el Congreso, mediante la cual otorgan la facultad de investigar delitos en etapa preliminar a la Policía Nacional.
La Junta de Fiscales Superiores de Arequipa, presidida por Ciro Alejo Manzano, advierte que la modificación aprobada sería inconstitucional. Esto debido a que confronta los artículos 158 y 159 de la Carta Magna, los mismos que están referidos a la autonomía y atribuciones del Ministerio Público.
Los magistrados también argumentan que este hecho no solo afecta el Estado de Derecho, sino también vulnera la Convención Americana de Derechos Humanos.
Añaden que esta norma atenta contra la institucionalidad de la Policía, ya que, al no tener formación jurídica para calificar un hecho delictivo, su actuación podría conllevar a la impunidad.
Los fiscales de Ayacucho coincidieron en que se generaría un “clima de inseguridad jurídica y riesgo de impunidad”, al permitir que la Policía conduzca la investigación sin la formación técnica y jurídica.
Por tal motivo, invocaron al Poder Ejecutivo a observa la ley. En caso de no hacerlo, adelantaron que solicitarán al fiscal de la Nación el trámite de una demanda de inconstitucionalidad.
Pronunciamientos fiscales en Puno y Cusco
La Junta de Fiscales Superiores de Cusco, presidida por Carlos Pérez, también emitió un comunicado tras una sesión donde evaluaron el impacto del texto aprobado en el Congreso. Los fiscales acordaron, por unanimidad, rechazar la modificación legal, al considerarla como “inconstitucional y violatoria a la autonomía del Ministerio Público”.
Por su parte, la Junta de Fiscales de Puno acordó por unanimidad rechazar la norma. Entre otros puntos, señalan que las modificaciones al Código Procesal Penal representan un retroceso en el proceso penal. “Exigimos que las modificaciones de esta naturaleza deben ser producto de diagnósticos que lleven a los expertos con la participación de todos los operadores de justicia del país”, señalan.
Ambas juntas respaldaron la postura del fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena Campana, quien también expresó su rechazo a la norma aprobada por el Legislativo.
La Fiscalía de Apurímac no emitió un pronunciamiento en forma directa, pero compartió el comunicado general de la Fiscalía de la Nación del 23 de agosto, donde alertan el carácter inconstitucional de la reforma que aprobó el Parlamento.
