Por: Karol Macetas – Radio Yaraví de Arequipa
Jennie Dador, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), señaló que el gobierno de Dina Boluarte está construyendo “un marco de impunidad y de autoritarismo” a través de propuestas que, por ejemplo, buscan otorgar protección a policías y militares.
En esa línea, la abogada advirtió que este escenario deja a la ciudadanía en situación de desprotección.
“Cada vez nuestros derechos se están recortando y hay que tomar conciencia de ello”, comentó en el programa Voces del Sur, que se transmite por Radio Yaraví en Arequipa.
Leyes aprobadas van en contra de los derechos humanos
Asimismo, cuestionó que el Ejecutivo no haya observado la ley que establece la prescripción de los delitos de lesa humanidad cometidos en el Perú antes de 2022. Este silencio permitió que el Congreso de la República promulgara la Ley 32107.
“Están aprobando una serie de leyes que van en contra de los derechos humanos”, indicó.
A dos años de la masacre en Juliaca, Dador recordó que Dina Boluarte está siendo investigada por las muertes ocurridas en las protestas antigubernamentales desencadenadas entre diciembre de 2022 y enero de 2023.
La secretaria ejecutiva de la CNDDHH detalló que en el marco de las diligencias que realiza el Ministerio Público, se reveló que el Ejecutivo sí tenía conocimiento de las acciones policiales y militares durante las movilizaciones.
“Pese a ello, no actuaron como debían, tenían la posibilidad de parar esta masacre y no lo hicieron, lo que constituye el delito de comisión por omisión. Incluso dieron las órdenes, lo que también implica responsabilidad por homicidio”, añadió.
Asimismo, recalcó que Boluarte también fue denunciada ante la Fiscalía Corte Penal Internacional (CPI) por la muerte de 49 personas durante las protestas.
Investigaciones avanzaron con la salida de Patricia Benavides
Dador refirió los familiares de las víctimas continúan buscando justicia, así como los heridos que dejó la represión de las fuerzas del orden.
Consideró, además, que las investigaciones avanzaron tras la salida de Patricia Benavides como fiscal de la Nación.
“A partir de ello, se ha identificado quienes son los perpetradores (de la masacre) y las cadenas de mando en las regiones. Pero, no hay que olvidar que en este caso también hay responsabilidad que llega hasta la Presidencia de la República”, manifestó.
