Por: Karol Macetas – Radio Yaraví de Arequipa
Jaime Arrellano, miembro de la Misión Internacional de Observación sobre la Junta Nacional de Justicia del Perú (MIO-Perú), advirtió que la Comisión Especial encargada del proceso de selección de los nuevos miembros de este organismo tuvo un trato desigual con los postulantes en la ronda de entrevistas.
En el programa Voces del Sur, que se transmite por Radio Yaraví en Arequipa, el jurista chileno detalló que dos candidatos gozaron de mayor tiempo para responder las preguntas, a pesar de que la intervención no debía extenderse por más de media hora.
Se trata de Francisco Távara y María Teresa Cabrera, quienes tuvieron 46 y 35 minutos, respectivamente, para explayarse durante la fase de entrevistas, que se desarrolló el jueves 17 de octubre.
Como se recuerda, ambos postulantes lograron inscribirse en el proceso tras una ampliación de plazo aprobada por la comisión, debido a un supuesto problema técnico.
“A los dos primeros postulantes se les dio prácticamente una hora (para responder). Los dejaron explayarse, mientras que a otros candidatos se les interrumpía para pedirles que fueran más puntuales (en sus intervenciones)”, explicó Arellano.
Diferencia en las preguntas
El abogado también cuestionó la diferencia en las preguntas formuladas por la Comisión Especial a los aspirantes que buscan integrar la JNJ, órgano encargado de nombrar, ratificar y destituir a los jueces y fiscales.
“A algunos se les consultaba sobre temas relevantes para ejercer el cargo y a otros sobre su opinión de un libro que habían publicado, es decir, un tema que no tenía tanta relevancia para el eventual ejercicio del cargo de magistrado de la Junta Nacional de Justicia”, comentó.
Asimismo, el letrado lamentó la falta de una metodología o un protocolo claro para garantizar que las entrevistas cumplan su objetivo, es decir, recopilar información que no se obtuvo en las fases previas. De igual manera, indicó que tampoco hubo claridad sobre la manera de evaluación.
“Debió establecerse de manera previa una escala para cada uno de los conceptos (de evaluación). Al final de cada intervención, todos los miembros de la comisión deberían deliberar de manera pública y asignar una calificación”, apuntó.
