Por: Leysel Flores – Pachamama Radio de Puno
Foto: Captura Video de Zenaida Zea
La llegada del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, a la ciudad de Juliaca, en la región Puno, generó malestar entre los ciudadanos, especialmente entre los familiares de las víctimas de las protestas ocurridas entre diciembre del 2022 a marzo de 2023.
Mariela Cayo, viuda de Manuel Quilla Ticona, fallecido tras una intervención policial en Lima, calificó al alcalde como una figura indeseable debido a sus declaraciones y acciones durante las protestas sociales.
Cayo recordó los momentos en que Puno sufría una violenta represión, mientras López Aiaga se refería a los manifestantes como “terroristas” y ordenaba cercar plazas públicas en Lima, como la Plaza San Martín, con el pretexto de realizar trabajos de mantenimiento.
Durante la visita de López Aliaga, un contingente policial fue desplegado para su resguardo, lo que también provocó el rechazo de los ciudadanos, quienes consideraron excesiva la presencia de efectivos de seguridad. En este contexto, se produjo la retención de una madre y su hijo menor de edad, lo que generó aún más indignación entre los presentes.
Según Mariela Cayo, la madre fue detenida de manera arbitraria y trasladada a la comisaría bajo el pretexto de realizar un “control de identidad”. Durante la retención, el niño de seis años fue interrogado de manera brusca por la Policía. “Es muy lamentable que interroguen a un niño de esa forma, violando sus derechos”, sostuvo en una entrevista con el programa Voces del Sur, vía Pachamama Radio.
Cayo también criticó la violencia con la que fue detenida la madre, quien sufrió hematomas en las manos. A pesar de que los efectivos policiales liberaron a la mujer después de unas horas y se disculparon, considera que es insuficiente y que los responsables deberían ser denunciados. Sin embargo, señaló que la mujer afectada no presentó la denuncia por temor a represalias.
Investigación por caso de Manuel Quilla
Cayo dio a conocer el estado actual de las investigaciones sobre la muerte de su esposo, Manuel Quilla Ticona. Según comentó, durante el primer año, el caso estuvo estancado en la Segunda fiscalía provincial para Derechos Humanos, sin avances significativos en la identificación de los policías responsables de la tortura y muerte. Sin embargo, ahora el caso ha avanzado debido a que fue derivado a otra Fiscalía.
