Por: Leysel Flores
El exministro del Interior y especialista en seguridad ciudadana, Gino Costa, destacó la importancia de la detención preliminar en las investigaciones judiciales y fiscales, especialmente en delitos graves con penas mayores a cuatro años.
En el programa Voces del Sur que se emite por radio La Decana de Juliaca, explicó que la misma garantiza la eficacia de la justicia al evitar fugas y obstrucciones durante los procesos. Por ello, criticó las recientes modificaciones legislativas por debilitar la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Calificó estas decisiones como un retroceso impulsado por el Congreso y el Ejecutivo.
Herramienta indispensable en lucha contra el crimen
La detención preliminar, dijo Costa, ha sido una herramienta indispensable en la lucha contra traficantes, extorsionadores, narcotraficantes y corruptos. “Con autorización judicial, la Fiscalía podía detener hasta por diez días a personas con indicios razonables de haber cometido delitos graves, evitando que obstruyan las investigaciones o se fuguen”, mencionó.
El exministro explicó que este tiempo era clave para obtener pruebas contundentes o justificar una prisión preventiva de hasta 36 meses. Sin embargo, el Congreso eliminó esta medida, lo que generó un fuerte rechazo público y obligó a restituir la norma.
Cercanos al oficialismo podrían beneficiarse
Sin embargo, el Ejecutivo observó la restitución. Según Costa, esto genera dudas sobre la intención del Gobierno, ya que algunos investigados cercanos al oficialismo podrían beneficiarse con el debilitamiento de esta herramienta legal. Además, cuestionó las modificaciones propuestas que podrían desnaturalizar la medida, limitando su eficacia.
Costa también advirtió sobre las acciones recientes del Ejecutivo, como el retiro y reubicación de oficiales clave de la Policía en las unidades de inteligencia policial. “Estamos viendo cómo se desarticulan las principales fuerzas encargadas de combatir el crimen organizado, debilitando aún más la capacidad del Estado para enfrentar amenazas como la corrupción, los sicarios y las redes criminales”, afirmó.
Obstaculizan el trabajo del Poder Judicial
El especialista señaló que estas decisiones no solo afectan la independencia de la fiscalía y la policía, sino que también obstaculizan el trabajo del Poder Judicial. “El juez solo puede administrar justicia si recibe casos bien fundamentados por parte de la Fiscalía, pero el Congreso y el Ejecutivo están colocando trabas que dificultan estas investigaciones”, sostuvo.
Finalmente, Costa instó a las autoridades a garantizar que la legislación permita a los fiscales y jueces actuar con independencia y eficacia. “Debemos proteger las herramientas que han demostrado ser útiles contra el crimen organizado y la corrupción. Cualquier intento por debilitarlas solo favorece a los delincuentes y atenta contra la justicia en el país”, concluyó.
