Familia de Jaime Ayala siente que alcanzó “algo de justicia”

La justicia peruana inaplicó la “ley de impunidad” del Congreso y sentenció a 18 años de prisión al exjefe del Comando Político Militar de Huanta y La Mar, Alberto Rivero Valdeavellano, por la desaparición forzada y homicidio calificado del periodista ayacuchano.

Por: Deysi Pari

Foto: Cortesía Verónica Calderón – La República

Rosa Luz Pallqui Medina siente que después de cuarenta años de lucha por la desaparición forzada y asesinato de su esposo, el periodista Jaime Ayala Sulca, ha logrado “algo de justicia”.

Este último 30 de setiembre, Alberto Rivero Valdeavellano, exjefe del Comando Político Militar de Huanta y La Mar, fue condenado a 18 años de cárcel por la desaparición forzada y homicidio calificado de su esposo y más de 60 personas.

La sentencia fue dictada por la jueza Miluska Cano, de la Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada.

En comunicación con la Red Micaelas, Rosa Luz Pallqui calificó la sentencia como histórica porque ha sentado un precedente y porque el juzgado decidió inaplicar la Ley 32107, que permite la prescripción de delitos de lesa humanidad.

El caso Jaime Ayala

Jaime Ayala era un periodista de radio y corresponsal del diario La República en Ayacucho. En 1984, cuando tenía apenas 22 años, desapareció tras acudir al cuartel que la Base de la Marina había establecido en el Estadio Municipal de Huanta. Había llegado allí para reclamar porque el domicilio de su madre había sido allanado el día anterior. Ingresó al lugar y nunca más fue visto.

Ante la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR, testigos bajo reserva de identidad confirmaron que el periodista fue torturado, asesinado y descuartizado en el campo deportivo que estaba tomado por los militares.

Delito de lesa humanidad

Rosa Luz Pallqui Medina, en diálogo con Micaelas, señaló que esta sentencia sienta un precedente porque el juzgado consideró que la desaparición forzada es un delito permanente hasta que se encuentre al desaparecido y, además, ha sido considerado delito de lesa humanidad.

En este caso, el oficial en retiro Augusto Gabilondo García del Barco había solicitado acogerse a la Ley 32107, pero el Juzgado decidió no aplicarla.

Ahora la viuda tiene esperanza en que la Corte Suprema confirme la sentencia y tampoco aplique esta norma.  “Ya hay un precedente como es el de Urresti en el caso Hugo Bustíos”, recordó.

Así como el caso de su esposo, también espera que otros familiares de las víctimas accedan a la justicia. “También espero que se encuentre el cuerpo de mi esposo desaparecido Jaime Ayala Sulca para darle cristiana sepultura”, insistió.