Por: Indira Baez (Radio Poder Chaski de Apurímac) y Deysi Pari
Foto: Cortesía CooperAcción
A penas de entre 8 a 10 años de cárcel fueron sentenciados un total de once dirigentes de las comunidades campesinas de las provincias de Cotabambas y Grau, en la región Apurímac. El fallo dictado el pasado 25 de julio por el juez Andrés Flores Aguilar, del Juzgado Unipersonal de Tambobamba, ha sido calificado como un caso grave de criminalización de la protesta.
Los hechos se remontan a setiembre de 2015, cuando los dirigentes iniciaron una manifestación en rechazo a la modificación del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero Las Bambas. El punto central en este documento era el cambio del mineroducto por el uso de las vías terrestres para que la empresa minera traslade lo extraído.
La imputación del fiscal Fredy Manchego Quispe se basa en que los dirigentes promovieron la huelga indefinida, la misma que el 25 de setiembre desencadenó en el bloqueo de vías.
Criminalización
Virginia Pinares Ochoa es una de las personas que fueron sentenciadas. El juez ordenó para ella 8 años y 10 meses de pena privativa de la libertad. Se trata de una conocida defensora ambiental que, en el año 2022, obtuvo el Premio Nacional de Derechos Humanos que otorga la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
En diálogo con el programa Voces del Sur, que en Apurímac se transmite en quechua por Radio Poder Chaski, la dirigente señaló que las acusaciones fiscales y la sentencia se materializaron sin ninguna prueba.
“Todo esto a raíz de que se reclamó una sola cosa: el tema ambiental, ya que ellos (la mina) decían en su propaganda: por el desarrollo de Cotabambas vamos a trabajar. Hasta ahora los acuerdos del convenio no se cumplen”, dijo Virginia Pinares a Voces del Sur.
La dirigente narró cómo se desencadenó la manifestación. En primer lugar, señaló que cuando la minera Las Bambas ingresó a la zona, hizo siete compromisos, mientras que el Gobierno asumió otros diez. La población estaba de acuerdo, porque les habían señalado que habría puestos de trabajo para los jóvenes.
El compromiso inicial era que se construya un mineroducto, pero desde el año 2013 se comenzó a hablar sobre la modificatoria del EIA en la que los distritos de Haquira, Cotabambas, Mara y Tambobamba ya no eran considerados zonas de influencia directa.
Virginia reclama que el Gobierno no haya hecho una consulta previa a las comunidades para aprobar la modificatoria.
“Con toda la preocupación de la agricultura, ganadería y el bienestar de las futuras generaciones, convocamos a una reunión a la empresa bajo documento para ver cómo se hizo la consulta y cómo sería en adelante, si habrá impactos negativos o no, a lo que no hicieron caso”, contó. Como no hubo respuesta, optaron por las manifestaciones.
Los sentenciados
Además de Virginia Pinares, los sentenciados son el expresidente del Frente de Defensa de la Provincia de Cotabambas, Rodolfo Abarca Quispe (9 años), el expresidente del Frente de Defensa del Distrito de Tambobamba, Ronal Andrés Vello Abarca (9 años).
También fueron condenados el expresidente de la Federación de Comunidades Campesinas de Challhuacho, Juan Pablo Conislla Gallegos (8 años con 8 meses); el exdirigente del Frente de Defensa de Challhuahuacho, Jacinto Limalucas (8 años con 8 meses), Alem Torres Garces (9 años), y el integrante de la Federación Interprovincial de Defensa del Territorio y del Ambiente de las provincias de Espinar Chumbivilcas, Cotabambas y Grau, Maximiliano Huachaca Mamani (8 años con 11 meses).
Otros ciudadanos sentenciados son Walter Moreano Andrade (8 años y 8 meses), quien es actual alcalde del distrito de Progreso y fue dirigente de la comunidad de Record Cconccacca; Romualdo Ochoa (8 años con 8 meses), ex presidente de la Comunidad de Huancuire; Lisbeth Abarca Peña (9 años), presidenta del barrio de Huancayo – Tambobamba; Cosme Bolívar Escudero (8 años con 8 meses), quien presidió la Comunidad Campesina de Chumille.
El juez además fijó que como monto de reparación civil a favor del Estado y la empresa Las Bambas, los dirigentes paguen 50 mil soles y 8 mil dólares.
Los efectos de la sentencia recién se harán efectivos cuando la misma se resuelva en una segunda instancia, ante una eventual apelación.
Críticas contra la sentencia
La organización civil CooperAcción ha alertado contradicciones y falta de argumentos en la sentencia. También recordó que durante la protesta hubo represión brutal desde las fuerzas del orden, con un saldo trágico “tres personas fallecidas por impacto de bala: Exaltación Huamaní Mío, Beto Chahuallo Huillca y Alberto Cárdenas Challco”.
En relación a la sentencia, CooperAcción apunta que “el tribunal basó su condena en pruebas indirectas, sin detallar suficientemente la responsabilidad de los acusados como autores mediatos de los delitos imputados”.
La organización advierte que no hay una explicación clara sobre la autoría mediata, a pesar de que la acusación del Ministerio Público se centraba en este punto. “La contradicción en la sentencia se evidencia con la absolución de seis dirigentes que estaban bajo las mismas condiciones de acusación que los condenados”, explican.
