Por: María Luz Cruz – Radio Yaraví de Arequipa
La investigadora de Grade y exespecialista en sistemas educativos de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), Carmela Chávez Irigoyen, sostuvo que la eliminación del proceso de reevaluación del licenciamiento obligatorio destruirá el sistema de aseguramiento de calidad, poniendo en riesgo las condiciones básicas de las universidades.
– Se aprobaron modificaciones a la Ley Universitaria, la primera tiene que ver con el licenciamiento ¿Qué estándares se tenían que cumplir antes para lograrlo?
No existe una fórmula ideal en términos de asegurar la calidad de la educación superior. Existen diversos modelos, hay sistemas donde funciona el licenciamiento temporal, definitivo y en otros, no existe.
Por eso es importante situar el modelo peruano en el que estamos. Existe una sentencia del 2010 del Tribunal Constitucional (TC), en la que se exige al Estado la formación de un ente autónomo para evitar cualquier tipo de sistema de representación corporativo (por ejemplo, la Asociación Nacional de Rectores). Este nuevo ente autónomo debía estar vinculado a expertos que garanticen condiciones básicas porque la educación superior, en ese momento, se encontraba en emergencia nacional debido a los pésimos estándares y malas prácticas.
En ese contexto, la Ley Universitaria propone varios lineamientos como la creación de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), que garantizaba condiciones básicas como: infraestructura, creación de oferta académica, ejecución de buenas prácticas de transparencia, tener sistemas de gestión administrativa, estándares de contratación docente, etc.
Este modelo vino acompañado de un esfuerzo del Estado y del Ministerio de Educación para guiar lineamientos y que el sistema funcione a través de las políticas con un sistema de aseguramiento de la calidad que consistía en dos tramos: licenciamiento con supervisión y acreditación. Ese fue el modelo que tuvimos hasta finales de 2022.
Hoy tenemos un contexto diferente, la última norma aprobada consolidó una contrarreforma que ha destruido el sistema de aseguramiento de la calidad porque elimina el proceso de reevaluación del licenciamiento obligatorio y permanente sin plantear otra alternativa para asegurar esas condiciones básicas.
– La nueva norma señala que las universidades estarán sujetas a evaluaciones periódicas e inopinadas ¿Cómo sería el mecanismo de supervisión porque la norma es abstracta?
En el caso chileno, el licenciamiento es permanente una vez que se obtiene. Pero es un sistema que viene articulado a un proceso de acreditación institucional obligatorio y eso, en el Perú, no existe. De hecho, tenemos un retroceso en el sistema de acreditación. Con este cambio a la norma, las visitas inopinadas, las supervisiones y auditorias no están pensadas para ser mecanismos que garanticen la calidad.
A esto tenemos que sumarle la lamentable situación de la Sunedu en cuanto a su reputación. Se tiene un intendente acusado de hostigamiento sexual y el propio modelo de gobernanza de Sunedu está marcado por el conflicto de intereses, pasó de órgano resolutivo de expertos elegidos por concurso público a un sistema de representación.
Ahora no tenemos ninguna garantía de que una visita inopinada, incluso una evaluación, pueda ser hecha en términos de neutralidad y objetividad técnica.
Un ejemplo de ello es la última universidad que se ha licenciado, durante años no pudo hacerlo. Ahora resulta que en la visita inopinada participó el superintendente, eso es irregular porque ese funcionario no es un evaluador, no tenía por qué participar, ahí se ve que el diseño actual tampoco garantiza ningún tipo de ejercicio objetivo en ningún proceso de evaluación y supervisión.
– ¿De acuerdo a la norma, cómo quedaría la acreditación?
La acreditación es fundamental en el sistema de aseguramiento de la calidad que viene después de garantizarse las condiciones básicas.
El proceso de acreditación es una evaluación para identificar buenas prácticas, para ver procesos de mejora en el tiempo que, en el caso peruano, es voluntario. Por eso encontramos pocas universidades acreditadas, la mayoría privadas.
Con este cambio, los procesos de acreditación continúan en un modelo aprobado desde hace un par de años y ha funcionado. No obstante, ahora tienen nuevos retos porque le han devuelto una serie de competencias, cuyo debate ya había sido saldado en el 2014. Con este proceso de nuevo tienen órganos autónomos, tienen que evaluar diferentes niveles, no se sabe cómo será operativo, si el presupuesto que les asignaron es el mismo del año pasado.
Educación a distancia
– Las clases virtuales van acorde a las nuevas tecnologías, pero ¿cómo garantizar que las universidades vayan a brindar las condiciones necesarias para prestar esta modalidad?
Con la promulgación de la Ley 31520 en julio del presente año se elimina la evaluación para licenciamiento de programas, tirando abajo el modelo de evaluación de la educación virtual que se creó en la pandemia. No hay sistema de control de la oferta que se crea en general y menos de una modalidad tan importante como la virtual.
La virtualidad se adapta a las necesidades de diferentes públicos (madres y padres de familia, trabajadores, etc), es inclusiva. Sin embargo, permitir una educación virtual sin garantías con una visión perversa de solo abrir mercados de la educación sin garantizar calidad, es una nueva forma de segmentación educativa. Los excluidos no serán aquellos que no entran al sistema, sino aquellos que reciben educación de la peor calidad. Por eso, es urgente retomar mecanismos de evaluación de los nuevos programas de formación que se están creando en lo tradicional y virtual.
Es una barbaridad pensar en tener como carrera universitaria la medicina alternativa (existe la propuesta), los peruanos estamos viendo como el sistema de educación universitaria está perdiendo institucionalidad y el Estado se pone de costado ante el futuro del millón y medio de estudiantes de la educación superior que tiene el país.
– ¿Parece que no se toma en cuenta ciertas directrices que dictó Sunedu sobre clases virtuales y esto sería un retroceso?
En efecto, tenemos en el último año y medio una serie de retrocesos que hacen entrever la serie de conflictos de interés que se mueven al interior de Sunedu. El Colegio de Psicólogos dijo que no va a colegiar a los profesionales que solo se formaron de manera virtual porque la naturaleza de la disciplina exige un entrenamiento que no puede ser remoto y, al mismo tiempo, tienes una Sunedu que se pone de costado. ¡Qué va pasar cuando esos estudiantes no se colegien y no puedan ejercer, están destinados al subempleo o trabajar en la informalidad! ¿Qué va decir el Estado, que no es su problema?
Ejecutivo no se pronuncia sobre nada de lo que haga el Legislativo
– ¿Cuál es el papel del Ejecutivo y Legislativo? ¿A qué nos enfrentamos?
El Ejecutivo ha renunciado a ser un órgano rector, no observa, ni se pronuncia sobre nada de lo que salga del Legislativo y este poder está capturado por diferentes grupos de interés y en especial la Comisión de Educación. Durante los últimos 10 años, hay 200 proyectos de ley para crear estas casas de estudio superior, es un disparate, una locura que llevará a atrofiar el presupuesto de las universidades y disminuir calidad del sistema.
Nos enfrentamos a un problema mucho mayor que tiene que ver con la sostenibilidad del sistema universitario, se crea universidades como quien hace canchita sin control. La Sunedu se ha vuelto un club de caballeros que define lo que le da la gana de hacer.
Las universidades privadas continúan haciendo su lobby por obtener la licenciatura institucional que les permita funcionar para siempre. Son un grupo de 25 a 30 que en su momento obtuvieron sanciones por malas prácticas, por oferta informal, por tener problemas financieros, por estar investigados por lavado de activos, universidades vinculadas al narcotráfico, que meten dinero para lograr normas que los favorezcan y ayuden a volver al escenario. Es preocupante en términos no solo de calidad, sino de legalidad.
