Por: Ibon Machaca
Soledad no es su nombre real. La vida que llevaba desde hace dos años, tampoco lo era. Ella se vio forzada a dejar su hogar en Venezuela para buscar mejores oportunidades en Perú y así poder mantener a sus dos hijos, pero, luego de intentar diferentes oficios en varias regiones del país, llegó a Arequipa y terminó en el comercio sexual, controlada por una red de trata de personas. Soledad recorría las calles aledañas al Gran Terminal del Sur (Gratersa), una zona donde predomina el transporte y comercio informal, y que es punto de encuentro para las personas que llegan a la ciudad por vía terrestre, principalmente de Cusco y Puno.
A partir de 2023, este sector también se ha convertido en el centro de operaciones del crimen organizado, pues las bandas se disputan el cobro de cupos y extorsionan a las trabajadoras sexuales.
“Toda esta zona concentra a las organizaciones criminales que se aprovechan de ellas, de su situación, porque hay que tener en cuenta que la prostitución no está sancionada por la ley. Lo que está penado es que haya terceros que se aprovechen de ellas”, explicó el coronel PNP Edward Vásquez, jefe de la Divincri Arequipa.
El proxenetismo, la explotación sexual, la trata de personas, la extorsión, el sicariato, eso es lo que está penado.
La noche del 28 de abril de 2024, Soledad recibió seis disparos de arma de fuego cuando se dirigía a un hotel cerca de Gratersa. Murió desangrada diez días después de que el Gobierno nacional declarase el Estado de Emergencia en Arequipa para, precisamente, luchar contra las extorsiones y sicariato.
De acuerdo con las investigaciones policiales, Soledad había recibido amenazas anónimas por redes sociales y a través de la página web Skokka. “Sé quién eres y si no te alineas te vamos a matar”, decía uno de los mensajes. La organización criminal Los Orientales le exigía el pago de 300 soles semanales para dejarla trabajar, pero ella se negó a hacerlo. Su homicidio expuso el avance de las bandas criminales, la trata de personas y la extorsión a mujeres que ejercen la prostitución.
Según cifras del Ministerio Público, al 2023, Arequipa es la segunda región que concentra el mayor número de casos de trata de personas (228 expedientes), solo después de Lima (539) y muy por encima de Madre de Dios (171) y Puno (137). Este delito es conocido como la esclavitud del siglo XXI, y priva a las personas de su dignidad, derechos y libertades, pues su objetivo es lucrar con el cuerpo de otro ser humano. Los perpetradores pueden ser miembros de una misma familia, conocidos u organizaciones criminales que captan, trasladan, retienen y explotan con fines sexuales y laborales.
Organizaciones criminales en disputa
Antes de la pandemia, Gratersa era reconocido como un emporio emergente. Situado al ingreso de la ciudad, entre el terminal terrestre y los mercados de Andrés Avelino Cáceres, su centro comercial construido hace 12 años está rodeado de hospedajes, restaurantes, peluquerías y paraderos de transporte público.
Marcelo Flores, presidente de la Asociación Gran Terminal del Sur El Altiplano, explicó que la zona cambió desde hace dos años con el aumento de la prostitución, la explotación sexual y los actos delictivos. La policía estima que unas 200 mujeres ofrecen servicios sexuales por los alrededores, y la mayoría son jóvenes extranjeras. Algunas señalan que están ahí por voluntad propia, pero a su alrededor hay proxenetas que cobran por la actividad que ellas realizan. Otras, en cambio, fueron captadas y movilizadas por tratantes, pero a todas se les exige el pago de cupos.
Meses antes del homicidio de Soledad, la noche del 11 de noviembre de 2023, un desconocido a bordo de una moto abrió fuego contra un grupo de trabajadoras sexuales que estaba frente al centro comercial, en la Av. Andrés Avelino Cáceres. Una bala impactó en un transeúnte que se dirigía a recoger su auto. La investigación policial estableció que el ataque se produjo porque las mujeres se negaron a pagar las extorsiones.
Los atentados continuaron en los meses siguientes. El 23 de enero de 2024, una trabajadora sexual se salvó de una ráfaga de disparos que fue lanzada desde una moto, pues logró ocultarse dentro de una tienda. Horas más tarde, los integrantes de la organización criminal Los Orientales, también conocido como el Cartel Caribe Nueva Generación, se atribuyeron el ataque por redes sociales.
Este grupo, integrado por peruanos y venezolanos, tiene entre sus actividades ilícitas la esclavitud sexual. Según la investigación de la fiscal contra el crimen organizado, Rosmery Mendoza, Los Orientales pugnan por controlar la explotación de mujeres en la zona, principalmente venezolanas, y para ellos se enfrentan con la organización criminal Los Gallegos, una facción del Tren de Aragua que se dedica a la trata de personas, lavado de activos y narcotráfico. Ambos grupos se disputan también el negocio de las drogas y las extorsiones a empresarios en Arequipa. Los Orientales comenzaron coaccionando a sus víctimas y luego pasaron a secuestrarlas y golpearlas por negarse a cumplir sus órdenes. Estos actos eran grabados y compartidos por redes sociales para someterlas psicológicamente. Una facción de este grupo fue capturada por las autoridades el pasado 24 de junio. El Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva contra tres ciudadanos venezolanos y una peruana por los delitos de extorsión, marcaje, reglaje, lavado de activos y otros ilícitos.
Migrantes vulnerables
“Las señoritas reciben una oferta laboral atractiva por los tratantes. Les dicen: no te preocupes, acá te vamos a pagar todo. Vas a venir, vas a trabajar, vas a ganar montos elevados. Les dicen que van a trabajar de moza, de peluquera, de cocinera o en ocasiones, directamente les dicen que van a prostituirse”, explicó la fiscal especializada en Trata de Personas, Lissbeth Adriazola Begazo.
Las víctimas son mujeres migrantes en situación de vulnerabilidad, provenientes de Venezuela o Colombia. Muchas llegan sin documentos o les son arrebatados por los tratantes en la ruta. Durante los operativos de rescate, la fiscalía identificó a menores de edad y adultas, de entre 14 y 30 años de edad. La mayoría tenían hijos que habían dejado en sus países de origen bajo el cuidado de sus padres.
Los tratantes les imponen “multas” o pagos mensuales por su traslado, alimentación y hospedaje. Las organizaciones criminales también se encargan de colocar a sus víctimas en “plazas” o sitios donde puedan ser prostituidas para luego cobrarles cupos semanales de hasta 300 soles. Los casos de explotación sexual no solo están en Gratersa, también se realizan en locales nocturnos del distrito de Cerro Colorado.
“Nosotros tuvimos un caso a comienzos de 2022, un intento de homicidio contra una de las señoritas”, dice la fiscal Adriazola. Detrás de este atentado estaban Los Gallegos, pero el caso fue derivado a la Fiscalía de Crimen Organizado.
Luis Enrique Aguilar, especialista en temas de trata y director de Políticas y Estrategias de la ONG CHS Alternativo, indicó que uno de los factores que favorece la trata y la explotación sexual es la alta demanda.
“Aquí hay alguien que pide el servicio y alguien que está dispuesto a ofrecerlo a poco costo y con el máximo beneficio. Para lograrlo se combinan una serie de factores. Por ejemplo, la pobreza hace que exista disposición para caer en un círculo de explotación. Las personas no detectan ni resisten a una falsa oferta de trabajo, porque están buscando salir de su situación de pobreza”.
Pero también hay factores sociales que acentúan esta vulnerabilidad. “No está de más decir que el patriarcado, sobre todo la violencia basada en género, hace que tengamos una proliferación de varones que recurren siempre a servicios sexuales. Está demostrado que muy pocos suelen tener remordimientos respecto al consumo que hacen y, por el contrario, lo justifican”, añade Aguilar.
Comerciantes bajo amenaza
Los comerciantes han sido testigos de al menos cuatro atentados propiciados por las bandas que cobran cupos a trabajadoras sexuales y a mujeres en situación de trata. El barbero Roger C. A. casi pierde la vida el pasado 2 de febrero, cuando un desconocido le disparó en el tórax y en el brazo en represalia por expulsar de la entrada de su negocio a un grupo de estas víctimas. El pánico hizo que las ventas en Gratersa cayeran hasta un 30%, y permanezcan abiertos solo un 40% de los 733 puestos. “Tuvimos que contratar 14 nuevos vigilantes para el centro comercial” dice Marcelo Flores. Actualmente, los comerciantes han regresado y buscan reflotar sus negocios.
“Son tres las jurisdicciones que deben tener el control: la Municipalidad Provincial de Arequipa y las municipalidades distritales de Jacobo Hunter y José Luis Bustamante y Rivero. Como comerciantes, nosotros tributamos a Bustamante, pero entre ellos tienen la responsabilidad de brindar seguridad”, añadió el dirigente.
Sin embargo, la estrategia que han desplegado estas autoridades se concentra en retirar a las víctimas y trabajadoras sexuales de la zona. Fredy Zegarra Black, alcalde distrital de José Luis Bustamante y Rivero, dice que la prostitución callejera atrajo a organizaciones criminales que vieron una mina de oro en el cobro de cupos, por ello los tres alcaldes coordinaron con la policía para moverlas del lugar. En paralelo, están clausurando los terminales informales y buscan reducir el comercio ambulatorio.
Zegarra Black, que antes de ser alcalde fue jefe policial en Arequipa, asegura que se ha reforzado el patrullaje, pero los comerciantes piden que la presencia del Serenazgo municipal sea permanente.
Según datos de la Fiscalía de Trata de Personas, en el 2023 se imputo este delito a 1.299 peruanos y a 154 venezolanos a nivel nacional. Para Enrique Aguilar, eso significa que hay peruanos y extranjeros organizados para explotar víctimas. Un ejemplo, es el caso “Los Brothers”, donde un alto mando de la policía que se supone luchaba contra la trata, suministraba información a los tratantes.
“Curiosamente, se piensa que la gran mayoría de personas que han cometido el delito son de origen extranjero, cuando en realidad, la mayoría de personas imputadas son de nacionalidad peruana”, añade el experto.
El año pasado, la Fiscalía de Trata de Personas de Arequipa logró la repatriación de 10 mujeres venezolanas rescatadas de la trata y la explotación sexual. Una cantidad similar ingresó a centros de acogida temporal del Estado, pero estos no cuentan con servicios diseñados para atender el impacto psicológico y físico que requieren las sobrevivientes y estas terminan huyendo de sus instalaciones.
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Esta historia incorpora las herramientas brindadas en el Taller sobre trabajo forzoso y otras formas de esclavitud moderna (2da edición), realizado por el Proyecto Bridge Perú de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Fotos:
– Agentes de la Municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero interviene y clausuran terminales informales en Gratersa (Portada y 4° imagen). Autor: Municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero.
-Ministerio Público se reúne con autoridades municipales de Arequipa, Jacobo Hunter y José Luis Bustamante y Rivero para fortalecer la lucha contra la explotación sexual. Autor: Ministerio Público de Arequipa.
-Equipo de fiscales especializados de Trata de Personas investiga más de 200 casos de explotación sexual y otros delitos vinculados en Arequipa. Autor: Ibón Machaca.
