Por Redacción Micaelas
Una sentencia judicial en Arequipa reafirmó que la identidad de género forma parte de los derechos fundamentales de las personas. También, que los actos de violencia o de discriminación dentro del entorno familiar pueden ser sancionados por la justicia.
El segundo despacho de la 4.° Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de Arequipa logró que sancionaran a Lizeth Valencia por agredir física y psicológicamente a su hija adolescente, una joven trans de 17 años que se identifica como Yennifer.
La fiscal provincial Nadielka Torres Silloca acreditó que la adolescente fue víctima de agresiones psicológicas constantes por parte de su madre, quien se ha negado a reconocer su identidad de género llamándola por su nombre legal.
La agresión escaló y, el 11 de septiembre de 2023, la madre acabó golpeando a su hija en las inmediaciones de un terminal de transporte público, en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero. La menor terminó con lesiones que requirieron que el médico legal determinara incapacidad de un día y cuatro días de atención facultativa.
Ante las pruebas presentadas por el Ministerio Público, la madre de la menor se acogió a la conclusión anticipada del proceso, reconociendo su responsabilidad penal.
Terapia y reparación civil
El juzgado estableció una reserva de fallo condenatorio y dictó reglas de conducta contra la madre por un periodo de un año y seis meses. Estas incluyen participar en un programa especializado de control de ira, impulsos y agresividad. También, pagar una reparación civil a favor de la agraviada y, por último, presentarse cada tres meses ante el juzgado para registrar su firma.
En caso de incumplimiento, se ejecutará la pena de un año, nueve meses y quince días de prisión.
Las autoridades recordaron que la violencia dentro del entorno familiar y los actos de discriminación pueden ser sancionados en el marco de la Ley N.° 30364, que protege a las víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. El caso marca un precedente en el sistema judicial por proteger la identidad de género de la víctima.
