Por: Karol Macetas y María Luz Cruz – Radio Yaraví de Arequipa
–A pesar de las opiniones técnicas en contra de este proyecto que elimina la JNJ, esta semana la Comisión de Constitución aprobó este predictamen y busca crear la Escuela Nacional de la Magistratura
Así es, existe ese proyecto, sobre el cual la JNJ estima que no cumple con fortalecer y mejorar la administración de justicia, ni tampoco la promueve, no asegura ni garantiza la independencia para jueces y fiscales.
–No es la primera vez que desde el Congreso se intenta someter a la JNJ, anteriormente buscaron la destitución de sus miembros. Pero esto parece ser el clímax
Indiscutiblemente diera la impresión de que existen hay intereses particulares por encima del respeto a la institucionalidad. Por ello, no se logra explicar cuál es la razón para querer eliminar a una institución que fue creada producto de un referéndum con la aprobación del 86% de la población y que viene cumplimiento su mandato constitucional como son la elección de jueces y fiscales, los procesos de evaluación parcial y ratificación y los procesos de evaluación parcial de desempeño. Aparte de haber llevado adelante el concurso para la designación de los jefes de Onpe y de Reniec.
–Si no hay criterios técnicos ni explicaciones para respaldar esta medida, ¿cuál es la verdadera intención del Congreso para tomar esta decisión?
Es la misma pregunta que nos hacemos, que se hace a nivel nacional y de los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, la Relatoría Especial de las Naciones Unidas y la Misión internacional de Observadores que se cuestionan cuál es la razón de querer desaparecer de un plumazo a una institución autónoma como es la JNJ. La respuesta no la encontramos, la deberían brindar algunos miembros del Congreso, porque la JNJ a pesar de todos los avatares que ha venido sufriendo ha cumplido con su mandato.
–Mencionaba que detrás de esto hay intereses particulares, ¿de quién o quiénes?
Diría que de aquellas personas en general que han sido destituidas, que no ven con agrado los procedimientos disciplinarios que la JNJ ha llevado adelante. Hemos destituido a más de 330 magistrados, entre jueces y fiscales, hemos sancionado en promedio a 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Si observamos el caso de los jueces y fiscales supremos, que bordean un promedio de 20 titulares, hemos sancionado a más de la mitad de ellos. Además, estamos cumpliendo el mandato constitucional y la JNJ está respondiendo al referéndum que dio pase a su existencia, que es buscar una administración que sea más eficaz y que asegure la confianza del ciudadano sobre sus autoridades judiciales.
Como siempre puede ocurrir, hay personas que están a favor y otras en contra. Debemos ser cautos y yo estimo que el ciudadano se da cuenta y frente a esta actitud positiva que todos debemos adoptar , tenemos que estar alertas para que las instituciones operen dentro del marco constitucional, porque lo peor que podríamos hacer es evitar la arbitrariedad. Esta se presenta cuando no existe justicia, cuando aparentemente existen personas que se apoderan del poder y no se dan cuenta que dividen un estado constitucional de derecho. Es este juego entre poderes del Estado, organismos autónomos como la JNJ, especializados y organismos ejecutores. Si no nos damos cuenta, el país va a seguir retrocediendo y va a caer en la mediocridad.
–El ministro de Justicia, Eduardo Arana no se mostró en contra de este dictamen y ha señalado que es importante tener modelos de formación de jueces, lo comparó con la carrera militar, magisterial. El argumento de las personas que están a favor es que con esta escuela se van a formar mejores jueces, va a haber una carrera judicial.
La carrera judicial y fiscal existe. Pero la comparación que se hace no es la más apropiada y digo esto porque los organismos castrenses, al igual que la academia diplomática, no tienen una variable que es la independencia. El carácter de ser magistrado o fiscal es la independencia, su autonomía y la permanencia en el cargo.
Las Fuerzas Armadas son instituciones netamente jerarquizadas que responden a órdenes de sus jefes. Un juez o un fiscal responde a la ley, a la Constitución y a su propia conciencia.
El Ministerio de Economía no ha dado su aprobación a este proyecto de ley. ¡Cómo van a hablar de una reforma si lo más importante, aparte del recurso humano, es el económico! ¿De dónde se va a financiar esta reforma? No se trata de tener una norma aprobada, lo que se busca es su efectividad y en este momento, existen dos normas vinculadas a la Ley de la Carrera Judicial y Fiscal y, por lo tanto, existen niveles dentro de la jerarquía que son 4 para ser un magistrado. Entonces, no entiendo cuál es la razón, si quieren buscar nuevos mecanismos, en buena hora. Pero lo que también deben proponer es el diálogo a través de los abogados, escuelas profesionales, facultades de derecho, el ciudadano para que explique cómo llevar adelante este proceso. Porque si hacemos procesos sin recursos económicos, ¿de qué reforma estamos hablando? Si queremos potenciar, en buena hora. Si queremos mejorar la formación académica de un magistrado, en buena hora. Den más recursos a la Academia de la Magistratura que existe.
Composición de la Junta Nacional de Justicia
–Para que la ciudadanía lo comprenda, ¿podría mencionar cómo está compuesta la JNJ y, con esta reforma, como quedaría?
De acuerdo al mandato constitucional, la JNJ está formada por 7 miembros que ingresan por concurso público. Lo que significa que nadie nos ha designado a dedo, hemos pasado un proceso de evaluación que ha sido público y riguroso. Los mejores abogados del medio ocupamos esta posición, no respondemos a nadie, solo a la Constitución, a la ley y a nuestra conciencia.
Producto de la decisión que tomó el Congreso, dos miembros de la JNJ, Inés Tello y Aldo Vásquez, fueron inhabilitados. En la actualidad solo hay 5 miembros y con ellos seguimos cumpliendo nuestro mandato constitucional. Esto significa que, a pesar de todas las vicisitudes, problemas reales, hemos venido sosteniendo defensas frente al Congreso de la República, hemos salido y sabido responder frente a esas acciones y la JNJ, con 5 miembros, sigue trabajando con el propósito de tener una mejor administración de justicia en el país.
Seguimos proponiendo que vivir en un estado constitucional de derecho es el mejor modelo que deberíamos tener como país.
Solo faltan 6 meses para culminar el mandato en la JNJ, no encontramos razón alguna para que el Congreso quiera desaparecer una institución que es tan importante y vital, que designa jueces y fiscales y vela por su independencia.
–¿Cómo quieren conformar la Escuela de la Magistratura?
La propuesta es que tenga un representante del Poder Judicial, otro del Ministerio Público y un representante de las universidades nacionales.
–¿Pasarían por concurso?
No dice cómo será la designación. Entiendo que serían las mismas instituciones que designarían al juez, fiscal o representante de las universidades. Pero, lo más importante es que los mismos jueces y fiscales se sancionarían. En el caso de la Corte Suprema, no se ha visto sanciones a jueces supremos que ellos hayan impuesto o que haya llevado a una destitución. A lo mucho se han dado sanciones o suspensiones. Es decir, ¿uno mismo se va a sancionar, no es un avance en el país que haya otras personas con imparcialidad que puedan ver el grado de infracción que se haya cometido?
Estamos retrocediendo al año 1920, al oncenio de Leguía, cuando el mismo Poder Judicial o el Congreso designaba a los jueces supremos. La historia demuestra que Leguía nombró como vocal supremo a su primo hermano. Entonces, lo que habíamos avanzando, lo vamos a retroceder. Estamos tomando modelos del siglo XX. No hay razón para ello, debemos mirar hacia el futuro y construir. No nos negamos a que haya mejoras en la administración de justicia, la valoramos, pero lo que no podemos hacer es retroceder.
–Estamos hablando de una institución nueva, que recién va a cumplir 5 años. Bajo este mecanismo, también se estaría vulnerando la independencia que tiene esta institución.
Es correcto, porque si la propia institución va a designar a su representante y a su vez, la misma institución va a elegir a los jueces y promover los ascensos, ¿dónde podemos ver la imparcialidad? No podemos apreciarla.
El modelo que llevamos adelante, a través de la JNJ, me parece positivo. Hay una política pública aprobada en el 2019, que va hasta el 2025, que venimos ejecutando la JNJ, el Poder Judicial, la Academia de la Magistratura conjuntamente con el Ministerio Público. Una vez más, habría una política que se estaría truncando. Déjennos avanzar.
Existe un consejo de reforma para el sistema de justicia que es liderado por la presidenta de la República y que solamente ha hecho una convocatoria en lo que va del año. ¿Por qué no convoca si quiere mejorar la administración de justicia para ver cuáles son los problemas? La única manera de resolverlos es conversando y ver la mejor alternativa.
El problema de fondo es el tiempo para resolver los casos, no es tanto la designación de jueces y fiscales. Si queremos mejorar eso, necesitamos mejor tecnología, mayores recursos económicos y con aquello, estimo que se resolverían en gran parte los problemas.
Exhortación al Congreso
–¿Usted cree que haya algún tipo de reflexión en el Congreso?
En la Comisión de Constitución, hubo 13 votos a favor, 5 en contra y 5 abstenciones. Eso demuestra que no todos los congresistas de la República están convencidos en el proyecto y hay legisladores que sí se proyectan al futuro y no solo ven el corto plazo. Apelo a esos congresistas reflexivos que ven el interés de la nación. Apelo al buen criterio para que se den cuenta que este tipo de reformas no van a llegar a buen puerto. Por cuanto, la forma en que se quiere llevar adelante no ha tenido debate, existe el consenso, los organismos especializados como el Ministerio Público, la Academia de la Magistratura, se han pronunciado que no es el mejor momento para llevarlo adelante. Entonces, ¿cuál es la premura?
Nuestra propuesta es que se archive o que regrese a la Comisión de Constitución para que se siga debatiendo.
–Con esta reforma, la forma de elección de los titulares de la Onpe y Reniec va a cambiar
Es cierto. Tenemos esas funciones constitucionales para llevar adelante el proceso electoral. Si no existe tal independencia a donde nos lleva.
El proyecto dice que los futuros senadores se encargarían de la designación de estos jefes, lo cual no vemos como un buen garante de imparcialidad. ¿Cómo el mismo ente que es elegido por el pueblo, a su vez va a tener la suficiente capacidad de elegir a los titulares de Onpe y Reniec y también los va a poder sancionar, va a ser juez y parte?
–¿Este proyecto de reforma constitucional responde a una especia de venganza por algún proceso disciplinario que llevaron contra la exfiscal de la nación?
No puedo afirmar que esa sería la hipótesis. La JNJ, en la entrevista que designamos a la fiscal suprema que usted menciona, le preguntamos si iba a separar a la fiscal que estaba viendo el proceso de su hermana. Desde ahí tendría todo nuestro respaldo y el procedimiento disciplinario sancionador demostró que faltó a ese compromiso y a su juramento. Había razones para ver que había tal falta.
Sería mezquino de algunos congresistas de sancionar por hacer nuestro trabajo.
–Su mandato como miembro de la JNJ está a punto de vencer, ¿qué podría pasar si le dan la celeridad a este proyecto en el pleno?
Sería algo lamentable. Si el defensor ya está convocando, eso significa que, a fines de este mes o primeros días del mes de julio, debería formalizarse. ¿Cree que habrá juristas de renombre que van a querer participar en un proceso que podría ser sumamente cuestionado y al mismo tiempo, podría darse el caso que lo apruebe el Congreso?
Esto significaría que para el mes de agosto se estaría borrando de un plumazo la JNJ y ¿cómo quedaría el concurso? No sería razonable, por eso la comunidad internacional nos observa y nos pregunta que hemos tenido un desarrollo significativo con el régimen económico desde 1993 y ahora se están autodestruyendo con estas normas y modificaciones constitucionales que generan la duda y la falta de confianza que debe haber entre ciudadanos y las personas que quieren invertir en el país.
