Por: Leysel Flores – Pachamama Radio de Puno
Hay dos proyectos de ley, uno de ellos aprobado en la Comisión de la Mujer y el otro pendiente. ¿Cuál es su análisis del proyecto 7349 que habla acerca de la adopción desde el vientre materno en casos de embarazos no planeados?
Está motivado por congresistas como (Milagros) Jáuregui que preside la Comisión de la Mujer, con implicancias religiosas y eso nos pone en una situación de desventaja. Tampoco está dialogando con otras políticas del Estado, como por ejemplo la de adopción de niños pequeños. Hay todo un problema para facilitar las adopciones, que demoran entre 3 a 4 años. (La congresista) tiene más bien una vocación religiosa, trata de imponer embarazos no deseados, producto de una violación como es el caso del embarazo infantil, que ameritaría el aborto terapéutico.
Lamentablemente lo que hemos visto este año en el trabajo de la Comisión de la Mujer han sido proyectos motivados por ideologías, por creencias particulares que no ponen por delante el problema público del país tan grave como la violencia contra la mujer o como la necesidad de garantizar todos los derechos para las niñas, niños y adolescentes.
Usted habla de una inclinación religiosa y que de esa manera se está legislando desde la Comisión de la Mujer, ¿de qué manera afecta a la sociedad?
Todo el mundo tiene derecho en su vida íntima y familiar a profesar la religión que más le parezca. El problema es cuando esa motivación y esa fe particular se lleva a imponer a través de la legislatura. Es lo que hemos estado viendo cada vez con más fuerza en el Parlamento y específicamente en la Comisión de la Mujer. Lamentablemente no tiene un contrapeso porque el Ministerio de la Mujer está absolutamente pintado.
Tenemos este proyecto de la adopción desde el vientre que no dialoga con otras políticas para facilitar adopción de niños y termina siendo algo más orientado a frenar otras políticas como la del aborto terapéutico, sobre todo en el caso de niñas que han sido violadas sexualmente. O el otro proyecto para que cada padre decida si su hija o hijo reciba educación sexual integral en las escuelas. Hay una política educativa de Estado, el Congreso ha estado entrometiéndose desde una vocación más religiosa y confesional que desde un análisis de la problemática pública en este tipo de decisiones.
El argumento que se utiliza para este proyecto de ley es disminuir los casos de aborto.
En un sentido ideal, una mujer debería tener distintas opciones, de poder no continuar el embarazo, de dar en adopción desde el vientre, el aborto terapéutico en casos de violaciones en niñas y adolescentes. Pero, lamentablemente eso no se da. Lo que vemos es que se bloquea algunas iniciativas médicas, incluso como el caso del aborto terapéutico. Entonces no creo que busque frenar el aborto clandestino, lo que busca más bien es penalizar a las mujeres que deciden interrumpir el embarazo, sobre todo en el caso de violaciones sexuales en niñas y menores de edad. Este año, hemos tenido casos terribles de niñas de 11 y 12 años embarazadas por violación de su padrastro o de algún miembro del grupo familiar que han tenido que llegar hasta el Consejo de Ministros para que les apliquen el aborto terapéutico.
¿Se tienen estadísticas sobre la adopción de niños?
Durante mi gestión (como ministra de la Mujer) tuvimos como prioridad acelerar los procesos de adopción. Eso estaba en la política general de gobierno aprobada en 2021 y que lamentablemente el gobierno de Dina Boluarte tiró a la basura.
Hay muchos niños de entre 0 y 11 meses abandonados en circunstancias muy tristes que no pueden ser adoptados fácilmente por las trabas que pone tanto el sistema judicial como el mismo ministerio. Entonces, ¿por qué esta premura de avanzar en adopciones desde el vientre y no facilitar más bien la de niños que ya están en el mundo? No hay un ánimo de poner por delante el interés superior del niño, sobre todo en casos en los que ya estaba diseñada una ruta para facilitar las adopciones y que no demoren tres o cuatro años que es el promedio en el Perú. Eso no le interesa la Comisión de la Mujer, ¿por qué no legisla para agilizar esos procesos?
Dentro de este proyecto, se habla sobre el desistimiento de hasta 30 días después del parto. ¿Considera que en un caso de abuso sexual que termina en embarazo, la madre podría desistir?
Yo creo que este tipo de legislación que tiene que ver con algo tan importante como la maternidad, como la vida y el proyecto de vida de un niño, debería tener una discusión mucho más profunda y no impulsada por este afán de congresistas religiosos. Hace falta un trabajo mucho más profundo en la legislación y como digo también la obligación del Ejecutivo de observar ese proyecto y de poder revisarlo de una manera mucho más profunda y amplia, conversada con la sociedad civil, con los grupos de mujeres.
¿Qué puede hacerse frente a este proyecto de ley?
Lo importante es que las mujeres tengan opciones de decidir. Si una mujer libremente por su convicción religiosa dice: yo quiero dar mi bebé en adopción desde que esté en el vientre materno, pueda ser y no esté mediado por la presión de grupos religiosos, por la situación económica. Si otra mujer, niña o adolescente que ha sido violada y su familia y ella decide acogerse al aborto terapéutico, puedan hacerlo. Lamentablemente se pone una ley para frenar otra, ponemos la Ley de adopción desde el vientre para que no haya más aborto terapéutico y eso no debe ser la lógica.
También existe el proyecto de ley 7579 sobre la educación sexual, ¿cuál es el principal objetivo del mismo?
Es otro de los puntos críticos de esta comisión. Están poniendo que sea opcional que los padres decidan si sus hijos pueden llevar educación sexual o no. Esto también atenta contra la política educativa, que la pone el Ministerio de Educación. El consenso es que los adolescentes, sobre todo cuando viven situaciones de violencia tan graves, tienen que recibir una educación sexual integral, así podemos tratar de darles elementos para evitar situaciones de violencia, para evitar enfermedades de transmisión sexuales, embarazos no deseados.
(Este proyecto) Va en la línea de toda esta actuación de los grupos religiosos que están tan presentes en el Congreso para que finalmente sea el padre de familia, el que dice quiero o no quiero que mi hijo lleve este curso, ahí caemos en un relativismo individualista en el que cada cual ve que hace y que no, entonces ¡para que tenemos una educación pública y nacional! No se puede restar esa autoridad del Estado y hay cosas que tienen que ser obligatorias. Si ya es una disposición que las políticas educativas incluyen un nivel de educación sexual integral, pues no tendrían por qué los padres excluir a sus hijos.
Es un retroceso, la educación sexual integral no sirve para adoctrinar, motivar a los niños y adolescentes a tener relaciones sexuales como erróneamente dicen algunos, sirve justamente para dar elementos y que tengan una sexualidad responsable y luego no estemos con situaciones de embarazos no deseados y luego no tengan que recurrir a abortos clandestinos.
¿Qué ha dicho el Ministerio de Educación frente a este proyecto de ley?
Lamentablemente la crisis política que vivimos es terrible. El ministro de Educación lo único que ha hecho la última semana es seguir embarrando el tema de las violaciones a las niñas y el tema de las prácticas culturales y blindar a Dina Boluarte. No se le ha escuchado ninguna declaración sobre cómo afrontar este tema y ha estado tratando de justificarse. La ministra de la Mujer lo mismo, entonces el debate público educativo ha estado enfocado en lamentables declaraciones del ministro sobre las supuestas prácticas culturales que en realidad cubren denuncias muy concretas de violaciones a las niñas en la Amazonía.
¿Cuáles deberían reconocerse como derechos y deberes de los padres de familia en relación a la educación sexual?
Las familias tienen en el ámbito privado individual sus creencias, sus costumbres que deben respetarse. Pero también hay cosas como sociedad que tenemos que respetar y compartir, porque lo que haga una familia va a afectar a la otra. Lo básico que deberíamos compartir es que nuestros hijos reciban contenidos mínimos que los ayuden a desenvolverse y a ejercer sus derechos y obligaciones El gran riesgo aquí es que una familia decide que su hijo no tiene educación sexual y luego afecta a otra familia que sí lo quería, es muy grave. Llevamos a un relativismo, un individualismo en el que cada cual se desentiende de las acciones del otro y la sociedad no funciona así y tendemos a fragmentar más y eso termina siendo un país sumamente deteriorado. En estos momentos necesitamos unirnos y afirmarnos en cosas comunes que nos devuelvan un poco de esperanza.
