Por Karol Macetas y María Luz Cruz
La exministra de Justicia y Derechos Humanos Ana Neyra Zegarra considera que la inhabilitación a Inés Tello y Aldo Vásquez responde a una búsqueda de impunidad de parte de los congresistas. En el programa Voces del Sur de la Red Micaelas, que se transmitió por Radio Yaraví de Arequipa, la abogada señaló que la misma mala actuación se ve en otros temas de impacto para la ciudadanía.
¿El argumento de los congresistas para inhabilitar a Inés Tello y Aldo Vázquez por su edad es válido?
En la Constitución, efectivamente hay un artículo que dice que los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) deben tener una cierta edad. Sin embargo, la JNJ hizo una interpretación de este artículo de la Constitución y dijo que el requisito de 75 años es para ingresar al ente, no para permanecer. Y eso lo hizo con apoyo de una opinión de Servir, que es la entidad encargada de los temas de carrera pública en el país.
Además, la comisión que seleccionó a los miembros de la JNJ tuvo una interpretación similar. No hay que olvidar que Inés Tello cumplió 75 años, ocho meses después de que fue nombrada. Esta interpretación no es la única posible, pero debe quedar claro que la JNJ trató de construir una que sea coherente con la Constitución. Lo que pretende decir el Congreso es que por interpretar diferente se trata de una infracción a la Constitución, lo cual es absolutamente imposible de justificar.
Si Inés Tello cumplió 75 años en el 2020, a meses de haber sido designada, ¿por qué recién los legisladores promovieron su inhabilitación?
Claramente esto no responde a una preocupación jurídica o de la Constitución. Desde hace más o menos un año hay un intento para remover a los integrantes de la JNJ, basado básicamente en buscar impunidad, primero de la exfiscal de la Nación (Patricia Benavides), que estaba buscando liberarse de la investigación que le abrió la JNJ por varios cambios ilegales dentro de la Fiscalía, además del favorecimiento a su hermana con una investigación que estaba en curso. Recordemos que entre las confesiones de Jaime Villanueva se menciona expresamente que ella habría financiado archivos de investigaciones fiscales por votos para sacar a la exfiscal Zoraida Ávalos, pero además para sancionar a la JNJ.
Entonces, hace mucho tiempo quisieron sancionar, primero alegando una causa grave por un comunicado de apoyo que sacaron. Luego utilizaron esta segunda alternativa de manera rápida y exprés, sin tomar en cuenta argumentos, sino más bien la fuerza de votos, que es como el Congreso decide últimamente.
Con la destitución de Inés Tello y Aldo Vázquez, ¿el Congreso solo está buscando ayudar a Patricia Benavides o es que también tienen otros intereses en el ámbito judicial y en el sistema electoral?
Creo que hay muchos intereses vinculados, primero a lo inminente que es la ratificación de los jefes de ONPE y RENIEC. Con una nueva conformación de la JNJ, pueden dirigir hacia dónde va esa ratificación, incluso intentando negarla para buscar otras personas que sean más factibles a sus intereses.
¿Los congresistas quieren controlar el sistema electoral?
Definitivamente es algo que hace mucho tiempo intentan, con investigaciones al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, con intentos de sacarlo de su cargo. Por otro lado, no hay que olvidar que ellos tienen investigaciones. Lamentablemente, muchos creen que cuando son investigados, lo que hay que hacer es influir en quien los juzga. Entonces, si controlan a la JNJ, pueden dirigir mejor a quiénes son las personas que van a investigar, probablemente más laxas, menos incisivas con su trabajo. Además, no tenemos que especular mucho, porque hace unos días han denunciado a la fiscal (Delia Espinoza) que los está investigando, alegando supuesta usurpación de funciones e infracciones a la Constitución y están tratando de inhabilitarla por diez años. Y lo curioso es que, por otro lado, mochar sueldos no les parece una infracción para inhabilitar.
¿Qué es lo que viene ahora que ya se declaró la vacancia de los dos abogados?
Ellos ya han intentado acciones judiciales a través de amparos, el problema es que suelen demorar. En una justicia célere, deberíamos tener una decisión rápida, por lo menos a nivel cautelar para que (Inés Tello) sea repuesta. Lamentablemente, la justicia demora mucho en nuestro país, por lo que es probable que no consiga de inmediato su reposición. Entre tanto, lo que va a pasar es que los suplentes asuman el cargo.
Usted se ha referido al tema de la fuerza de los votos y eso nos lleva a una reflexión. Así como se ha inhabilitado a estos dos magistrados, hay otras iniciativas que también son lesivas para la ciudadanía, pero se aprueban porque en el Congreso tienen los votos. Prima la fuerza de los votos, mas no criterios técnicos.
Sí, es muy preocupante. No solo pensemos en lo institucional, sino también en lo que es más tangible para la ciudadanía, como por ejemplo la minería ilegal. Qué complicado que tengamos, desde el Congreso, personas que apoyan a mineros que no tributan, que no generan recursos, pero además que pueden afectar hasta la minería formal. Pero, así como estos temas, hay otros en los que el Congreso parece estar de espaldas de la ciudadanía, como el de los medicamentos genéricos. No hay una discusión de razones, votan virtualmente y muy poco preocupados en lo que realmente importa.
Edición completa de la primera edición de Voces del Sur, vía Radio Yaraví de Arequipa:
* El programa Voces del Sur es producido por Micaelas, la Red de Periodistas Políticas Mujeres del Sur del Perú, y cuenta con el respaldo institucional de la Fundación Gustavo Mohme Llona y el Proyecto Perú Conversa.
