Por: Leysel Flores – Pachamama Radio de Puno
El proyecto de ley 6951 que prescribe los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra traería serías implicancias para el sistema de justicia en el Perú.
La abogada Ana María Vidal señaló que además de afectar a las víctimas, socava la autonomía del Poder Judicial, ya que la norma tiene una cláusula que obliga a los jueces a cumplirla sin excepción. “En esta ley aprobada por el Congreso y que va a ser publicada, lo que le está diciendo al Poder Judicial es: tú estás obligado, yo te someto y si no, estás bajo responsabilidad. Está apuñalando el estado de Derecho y la poca democracia que nos queda”, afirmó.
Durante una entrevista en el programa Voces del Sur que en Puno se transmite por Pachamama Radio, la abogada especialista en casos de derechos humanos, señaló que esta situación vulnera el principio de separación de poderes, fundamental para el Estado de Derecho. Los jueces, subrayó Vidal, deben ser libres de aplicar la ley de acuerdo con su criterio y las circunstancias de cada caso.
Además, explicó que la norma permitiría a los abogados de los condenados por delitos de lesa humanidad, como Alberto Fujimori y varios militares, solicitar la liberación de sus clientes. Los casos en curso y las investigaciones fiscales sobre crímenes cometidos entre 1980 y 2000, durante el conflicto armado interno, también podrán acogerse.
Repercusiones
Por otro lado, Ana María Vidal manifestó que la ley también tendría serias repercusiones internacionales para Perú, ya que el país se adhirió voluntariamente al sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas tras un exhaustivo análisis y no bajo coerción. “Es un compromiso que asumimos libremente. Nadie nos obligó con una pistola en la cabeza a firmar estos acuerdos”, afirmó.
La jurista criticó las opiniones de algunos colegas que sugieren que las imposiciones vienen desde el exterior, recordando que los representantes en estos organismos son propuestos por los propios gobiernos nacionales.
Vidal también destacó que el incumplimiento de las obligaciones internacionales puede afectar la reputación de Perú a nivel global. “Nos arriesgamos a ser vistos como un país que no respeta las normas, similar a lo que ha sucedido con Venezuela al retirarse de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, señaló. Además, esta situación podría tener repercusiones económicas, como la dificultad de ingresar a la OCDE y un aumento en el riesgo país, lo que podría disuadir a los inversores.
