Por: Milagros Portilla en colaboración con Indira Baez
Foto: La República
La abogada Ana María Vidal, especializada en derechos humanos, manifestó que los delitos de lesa humanidad, por su naturaleza atroz, no pueden ser ignorados ni olvidados. “Son tan graves, tan dolorosos, que se llaman de lesa humanidad y hay una tipificación especial”, afirmó.
Esto tras conocerse que, los implicados en los referidos casos ya han presentado solicitudes a los juzgados para acogerse a la Ley 32107, que permite la prescripción de estos delitos.
Delitos deben ser juzgados así hayan pasado años
La experta explicó que estos crímenes, por su magnitud y sistematicidad, afectan a toda la humanidad, trascendiendo las fronteras geográficas y temporales. “Estos delitos no pueden prescribir, tienen que ser juzgados sí o sí, haya pasado dos meses o más de 20 años”, manifestó.
Vidal recordó el contexto del conflicto armado interno en Perú, marcado por la violencia de Sendero Luminoso y la respuesta desproporcionada de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Esta respuesta estatal, en lugar de proteger a la población, derivó en graves violaciones a los derechos humanos que ahora se pretenden dejar impunes.
La abogada denunció que la ley de prescripción tiene como objetivo proteger a los responsables de estos crímenes, incluyendo militares, policías y políticos. La intención de la Ley 32107, según Vidal, es clara: “salvar de responsabilidad a los militares, policías y políticos que dieron las órdenes”.
Falta de conocimiento jurídico de los congresistas
La aprobación de esta ley, según Vidal, representa una violación flagrante de los convenios internacionales que establecen la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. La abogada criticó la falta de conocimiento del sistema jurídico por parte de los congresistas que impulsaron la ley. También a la coacción ejercida sobre el Poder Judicial para obligar a su aplicación. Esta intromisión, en su opinión, atenta contra la separación de poderes y debilita la democracia.
A pesar de las presiones, Vidal destacó que algunos sectores del Poder Judicial se resisten a aplicar la ley, argumentando su inconstitucionalidad y su contradicción con los tratados internacionales.
La abogada también resalta el rol de la sociedad civil organizada, especialmente de los pueblos indígenas y los defensores de derechos humanos, como actores clave en la lucha contra la impunidad.
