Por Karol Macetas y María Cruz
Aldo Vásquez, magistrado de la Junta Nacional de Justicia, cuestiona que el Congreso, siendo una de las partes, pretenda cambiar las reglas de juego en un proceso competencial que tiene ante el TC. También alerta sobre las vallas que pretenden imponer los legisladores, para que nadie pueda cuestionar en vía judicial sus arbitrariedades.
– Doctor Aldo Vásquez, ¿considera usted que esta ley, aprobada en primera votación, para reducir de cinco a cuatro los votos en una demanda competencial, tiene como único propósito manipular una decisión del Tribunal Constitucional (TC), y así también poder sacarlos a usted y a Inés Tello de la Junta Nacional de Justicia?
El Congreso ha aprobado modificaciones al Código Procesal Constitucional y hay dos aspectos sumamente peligrosos. Primero, limitan la tutela judicial efectiva respecto de cualquier atropello que pudiese producirse contra jueces supremos, fiscales supremos, los propios miembros del TC, los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, los jefe de ONPE y el Reniec; es decir, el Congreso podría eventualmente sancionarlos de un modo absolutamente arbitrario y ninguno de estos funcionarios podría lograr una tutela judicial efectiva.
-¿Por qué ya no tendrían una tutela judicial efectiva?
Si bien en el texto aprobado por el Congreso permiten el trámite de demandas de amparo, han impuesto varias vallas. Por ejemplo, ahora los jueces no podrían emitir medidas cautelares o medidas de urgencia de protección para revertir el abuso prontamente. Asimismo, si se gana el juicio (contra el Congreso) en primera instancia, tampoco se podría ejecutar de modo inmediato la sentencia, pues habría que esperar a que se resuelva la apelación. De este modo, pueden pasar años antes de que pueda revertirse una situación de abuso.
-¿Qué implicancia tiene esto para las instituciones o poderes del Estado?
Eso genera un desequilibrio entre los poderes públicos y los organismos constitucionales autónomos, porque los otros organismos quedan a merced de cualquier decisión arbitraria de este Congreso o futuros congresos. Esto supone también un quiebre del equilibrio de poderes en el Perú. Y un segundo aspecto que es también sumamente dañino, nocivo y que tiene nombre propio, es esta rebaja que han acordado estos congresistas sobre el número de votos que se necesitan para declarar fundada una demanda competencial.
-¿Por qué considera dañina y nociva esta ley?
Porque inclinan la cancha a su favor. En un conflicto en el que el propio Congreso es parte, ellos modifican las reglas cuando ya la causa está para ser sentenciada desde el 10 de julio; es decir, desde hace más de tres meses. En términos futbolísticos diríamos que, ya en los descuentos, modifican las reglas de juego para que con menos votos puedan ganar. Se trata de una arbitrariedad y una norma con nombre propio. Lo ha dicho el mismo presidente de la Comisión de Constitución del Congreso, que eso se hace para evitar que supuestos jueces prevaricadores amparen a Inés Tello y Aldo Vásquez de la JNJ. Eso se llama ley con nombre propio y, por supuesto, es algo que rechazamos e invocamos al mismo tiempo al TC a actuar conforme a la Constitución, a la ley y en respeto de la autonomía de cada uno de los órganos constitucionales autónomos.
–¿Qué tan grave es que el Congreso pretenda cambiar las reglas de juego en un proceso que está ya en trámite?
Es inaceptable que en plena contienda entre el Congreso de la República y el Poder Judicial una de las partes pueda modificar las reglas a su favor. Eso es lo que está haciendo el Congreso. Modifica las reglas de juego. Antes requería cinco votos. Ahora serán cuatro votos, si es que lo aprueban en segunda votación este miércoles. La consecuencia es que les resultaría mucho más fácil obtener cuatro votos en el TC y eso, pues, inclina la cancha a su favor. Esa es una arbitrariedad que ningún tribunal imparcial en el mundo podría admitir.
-Si la norma es aprobada en una segunda votación, ¿el TC está obligado a acatar o tiene la opción de inaplicar dicha norma, tal como ya lo están haciendo otros jueces?
Yo confío en que habrá en el TC una mayoría suficiente como para rechazar un intento del Congreso de limitar las competencias del Poder Judicial, al que se le quiere impedir intervenir como árbitro natural, como parte del propio equilibrio de poderes del sistema democrático y del modelo republicano.
-Cuatro miembros del TC estarían dispuestos a votar a favor de la demanda competencial del Congreso, ¿qué mensaje tiene usted para ellos?
Los magistrados del TC tienen una responsabilidad que yo me permito calificar como histórica, porque está en juego la división de poderes en el Perú. Confío en que habrá una mayoría al interior del TC que afirmará los valores republicanos que son permanentes y que no se agotan en la situación personal de dos miembros de la JNJ que, por lo demás, culminan su mandato el 5 de enero próximo.
-¿Y qué les dice a los congresistas sobre esto que parece ser un ejercicio abusivo del poder?
La Constitución no ampara el abuso del derecho. Si bien el Congreso tiene la facultad de dictar leyes, estas no pueden contrariar los valores constitucionales más esenciales.
-Si el TC resuelve a favor del Congreso, ¿usted acudirá a instancias internacionales?
Sí, evidentemente. Hay jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En 1997 fueron removidos miembros del TC y la Corte IDH ordenó su reposición. Existe también jurisprudencia en relación a jueces de la Corte Suprema en Ecuador. Entonces, sí acudiríamos, sobre todo porque está en juego la institucionalidad democrática del Perú.
