En una reciente entrevista a Voces del Sur de radio Antabamba (Apurímac), el abogado penalista Juan José Quispe abordó las modificaciones a la figura de la detención preliminar en el Código Procesal Penal.
Este mecanismo permite la captura de investigados en casos de no flagrancia. Ha sido objeto de observaciones por parte del Ejecutivo. Esto ha generado un intenso debate sobre su efectividad y su posible impacto en casos de corrupción y otros delitos graves.
Quispe explicó que esta medida se solicita cuando han transcurrido más de 24 horas desde que ocurrió un delito y ya no es posible detener al sospechoso en flagrancia. “La detención preliminar sirve para casos de no flagrancia, donde después de uno, dos o tres meses de investigación, la fiscalía entiende que es necesario capturar a una persona para que no obstaculice su investigación o intimide testigos”.
Este procedimiento es autorizado por un juez y tiene un carácter temporal, usualmente de siete días, durante los cuales se recopilan pruebas esenciales.
El abogado señaló que las propuestas actuales buscan restringir la aplicación de esta medida a ciertos delitos, dejando fuera casos de corrupción. “La propuesta de Santibáñez es que se emplee la detención preliminar solamente para 10 delitos, pero curiosamente no están incluidos los delitos de corrupción”.
Según Quispe, esta exclusión podría debilitar la lucha contra la corrupción y proteger a funcionarios implicados.
Impacto en investigaciones sensibles
Quispe subrayó la importancia de esta medida para garantizar la justicia en casos graves. Por ejemplo, destacó que si una mujer es violentada sexualmente y no denuncia el mismo día por miedo o impotencia, y se espera a una prisión preventiva, el agresor ya podría haberse fugado o cambiado de identidad, indicó.
Situaciones como esta ilustran cómo la detención preliminar permite una respuesta más ágil y efectiva. De esta manera, es un mecanismo necesario para el sistema de justicia de Perú.
“Se quiere de todas maneras anular esta detención preliminar judicial, bajo el engaño de que la Fiscalía está abusando de esas medidas solicitadas al juez, y los jueces las están dando sin mayor discreción”, explicó de manera tajante el jurista de IDL.
Dio el ejemplo de las prisiones preventivas, que también se cuestiona, indicando que en el caso de Odebrecht, hay más de 1 100 investigados, y solo se dieron 11 prisiones preventivas. “Pero esos 11 no son cualquiera, fueron Keiko Fujimori, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kukzynski, Susana Villarán, Villanueva, varias personas, pero que no llegan a más de 11”, explicó.
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Reflexiones sobre el contexto político
Finalmente, el abogado criticó la posición del Ejecutivo y algunos organismos, señalando que la demora en la aprobación de estas medidas podría responder a intereses particulares. “Esto ha sido una jugada en pared entre el Congreso y el Ejecutivo. No quieren que se utilice la detención preliminar para casos que puedan involucrar a funcionarios actuales”.
El debate continúa mientras se espera una decisión final del Congreso y el Ejecutivo.
Aquí el programa completo:
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