En el marco de las protestas sociales ocurridas en enero de 2023 en Puno, que dejaron un saldo trágico de 18 fallecidos, el abogado César Quispe, representante legal de las víctimas, detalló los avances y obstáculos en el proceso de investigación. En una entrevista, Quispe explicó que el caso se encuentra en la etapa de investigación preparatoria, la cual se ha extendido por ocho meses adicionales y se espera que concluya en septiembre de este año.
“Todavía estamos en la primera etapa, que se denomina investigación preparatoria. En el caso de Juliaca, que es uno de los más emblemáticos, esta fase debería cerrarse en septiembre para pasar a la etapa intermedia”, señaló Quispe. Sin embargo, el proceso no ha estado exento de dificultades. Durante la gestión del exfiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, se lograron avances significativos, como la acumulación de 90 tomos de pruebas, en contraste con los apenas 7 tomos que existían en la administración anterior.
No obstante, el cambio de fiscal de la Nación ha generado nuevos desafíos. “Con la doctora Delia Espinoza no ha sido la misma recepción que tuvimos con el doctor Juan Carlos Villena. Él fue una persona con mucha más apertura y compromiso”, afirmó el abogado. Además, reveló que se han producido despidos masivos de personal especializado en Medicina Legal, lo que podría retrasar aún más las investigaciones.
“Casi una veintena de profesionales fueron despedidos, y esto es preocupante porque son especialistas capacitados en protocolos internacionales como el de Estambul, esenciales para documentar violaciones de Derechos Humanos”, explicó con preocupación el jurista.
La importancia de estos profesionales radica en su capacidad para analizar las violaciones desde un enfoque de derechos humanos. Un médico sin esta especialización no puede ver con los mismos ojos clínicos cómo se han violado los Derechos Humanos en una persona, destacó Quispe. Aunque se ha anunciado la recontratación de parte del personal despedido, el abogado advirtió que no hay garantías de que estos cambios no se repitan en el futuro.
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Estrategias para defensa de víctimas en Puno
Frente a estos desafíos, la defensa legal de las víctimas ha implementado estrategias conjuntas con abogados de otras regiones como Ayacucho, Apurímac y Cusco. “Estamos trabajando de manera coordinada para reunir pruebas sólidas que permitan sentenciar a los responsables en un eventual juicio oral”, afirmó Quispe.
El caso de Puno no solo es un reflejo de la lucha por la justicia en una región afectada por la violencia, sino también un recordatorio de la importancia de contar con instituciones sólidas y comprometidas con los Derechos Humanos. Mientras las investigaciones avanzan, las familias de las víctimas y sus representantes legales mantienen la esperanza de que se haga justicia.
Aquí la entrevista completa:
*Foto: Agencia EFE
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