Por: Deysi Pari y Milagros Gonzales (El Búho)
Especialistas del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), a cargo de Teresa Hernández, elaboraron dos informes técnicos con la recomendación al Ejecutivo para observar la autógrafa de la ley aprobada por el Congreso que eliminó la alternancia de género en las fórmulas presidenciales y la paridad horizontal en las listas regionales. Dina Boluarte optó por evadir al tema y permitió el debilitamiento del derecho de participación política de las mujeres en el Perú.
Según documentos a los que tuvo acceso la Red Micaelas, la Dirección de Promoción y Protección de los Derechos de las Mujeres y la Oficina de Asesoría Jurídica del MIMP sustentaron por qué el Ejecutivo debía observar los cambios en la Ley Orgánica de Elecciones, Ley de Elecciones Municipales y la Ley de Elecciones Regionales.
Obligaciones del Estado
En el primer informe técnico D000009-2024, la analista legal Judith Vera Aguilar de la Dirección de Promoción de los Derechos de las Mujeres advirtió que las modificaciones no contaron con la opinión técnica de entes especializados como el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ni el propio Ministerio de la Mujer.
El documento precisa que la autógrafa fue originada por proyectos de ley propuestos por el JNE, pero que estos no plantearon en ningún momento la eliminación de la alternancia de género ni la paridad horizontal.
Sobre los cambios aprobados en la norma, el informe señala que afectan directamente los derechos a la participación política de las mujeres en igualdad de condiciones y que, incluso, resultan contrarias a las obligaciones que asumió el Estado peruano para enfrentar la discriminación contra el género femenino.
El informe hace hincapié en que el país tiene una Política Nacional de Igualdad de Género que reconoce la discriminación contra las mujeres como un problema público y que el Tribunal Constitucional lo ha reconocido, al señalar que, sin justificación, las mujeres han sido excluidas del espacio público.
También hay recuento de los resultados de la aplicación de la Ley 31030, a partir del año 2020, sobre medidas para promover la participación de las mujeres. En las Elecciones Generales del 2021, 16 mujeres tentaron a los cargos de primera vicepresidencia de la república. Mientras que en las Elecciones Regionales y Municipales del 2022, el 28.5% de postulantes al cargo de gobernador fueron mujeres y el porcentaje se incrementa a 70.3% para los puestos de vicegobernadores. Estas cifras representaron un incremento significativo en comparación al proceso electoral del 2018.
Por otro lado, el informe señala que para hacer frente a la discriminación contra las mujeres son necesarias acciones que deben acompañarse de derechos diferenciados a favor de las mismas.
En virtud de todas estas consideraciones, la analista legal Judith Vera Aguilar recomendó observar la autógrafa del Congreso. Y esa fue la propuesta remitida al Viceministerio de la Mujer.
El segundo informe
El otro informe es el D000339-2024-MIMP, elaborado por el director general de Asesoría Jurídica, James Morales Campos. Este documento fue remitido al jefe de gabinete de asesores César Cárdenas Lizarbe.
En este caso, también se recomendó observar la autógrafa porque desconoce la exigencia que el Estado peruano estableció respecto a la participación activa y visible de las mujeres, además porque colisiona con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Convención CEDAW). También colisiona con algunos preceptos del artículo 55 y la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política.
Pese a todo ello, Dina Boluarte, quien paradójicamente se benefició de la ley de alternancia de género y se convirtió en la primera mujer en ocupar el más alto cargo del país, no hizo ninguna observación a la norma. Ante su silencio, el Congreso de la República decidió promulgar la norma.
