La reciente designación de Juan José Santiváñez como ministro de Justicia y Derechos Humanos responde más a una estrategia política de impunidad que a un criterio de gestión pública, sostuvo el politólogo Andy Phillips en entrevista con la Red Micaelas.
Phillips expresó que el nombramiento representa un “premio” por su lealtad a la presidenta Dina Boluarte, pese a sus cuestionados antecedentes como ministro del Interior.
Juan José Santiváñez fue censurado anteriormente en el Congreso tras una fuerte presión social y mediática, en un contexto donde la inseguridad ciudadana alcanzó niveles históricos.
“Durante su gestión se registró un récord de asesinatos, robos y extorsiones en el país. El 2024 cerró con más de 2.000 homicidios, y solo en el primer mes de 2025 ocurrieron 193 homicidios. En promedio, cada cuatro horas una persona es asesinada en el Perú”, señaló.
Santiváñez retorna cuestionado y con investigaciones
La trayectoria profesional Santiváñez no está ajena a cuestionamientos y polémicas. Como abogado, ha defendido a presuntos responsables de abusos y ejecuciones extrajudiciales durante las protestas de noviembre de 2020. El especialista recordó que Santiváñez actuó como abogado defensor del coronel Percy Tenorio, acusado de las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado.
Durante su paso por el Ejecutivo, desactivó la unidad especial de la PNP que se creó en apoyo al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción (Eficcop), para investigar casos donde estaban involucrados altos funcionarios del Estado.
“Ese gesto fue interpretado como un harakiri institucional que debilitó la lucha contra la corrupción”, afirmó.
Santivañez retornó como ministro de Estado, pese a que tiene 12 investigaciones en curso en el Ministerio Público, tal como reveló la declaración jurada que presentó antes de juramentar en el cargo.
El ahora ministro registra investigaciones por los siguientes delitos: negociación incompatible, encubrimiento personal, tráfico de influencias, lavado de activos, malversación de fondos, interceptación, omisión de consignar declaración y abuso de autoridad.
Juan José Santiváñez vuelve para blindar a Boluarte
Phillips advirtió que la llegada de Santiváñez a Justicia coincide con el intento del Estado de apartarse del Pacto de San José, lo que implicaría un retroceso en la protección de los derechos humanos.
“Su rol es clave en el engranaje de impunidad del gobierno y el Parlamento, en un escenario donde varias reformas judiciales buscan favorecer a congresistas investigados por corrupción y otros delitos graves”, indicó.
El politólogo alertó que la lógica del actual régimen “no responde al bienestar general, sino a intereses prebendarios y clientelares”. Recordó que el propio Santiváñez se negó a colaborar en investigaciones judiciales.
“La presidenta Boluarte se está rodeando de figuras que le garanticen protección frente a eventuales acusaciones por crímenes de lesa humanidad, que no prescriben y que podrían ser perseguidos internacionalmente”, concluyó.
Por: Leysel Flores
Imagen de portada: Andina
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