Por: Mishiel Pariguana – Radio Santa Mónica de Cusco
Aldo Vásquez, magistrado de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), subraya en la siguiente entrevista que el actual Tribunal Constitucional (TC) ya consideró válida la intervención del Poder Judicial para ejercer control sobre el Congreso, en procesos de juicio y antejuicio político. Un eventual cambio, desde su punto de vista, sería “aberrante”.
El Congreso ha acordado acudir al Tribunal Constitucional para presentar una demanda competencial contra el Poder Judicial, todo esto con el fin de revertir el fallo que permitió el retorno de usted e Inés Tello a la Junta Nacional de Justicia. ¿Cuál es su primera impresión sobre esta decisión?
Yo creo que esta decisión se inscribe dentro de un intento más por lapidar a la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Como se sabe, desde hace más de un año, los miembros de la JNJ hemos padecido los embates del Congreso para tratar de removernos y, de esa forma, aniquilar a la institución. El país es testigo de que se han presentado hasta cinco denuncias constitucionales y tres mociones que buscaban la remoción. Es decir, ocho iniciativas. Es algo inédito, no visto nunca en la historia reciente del país. Ahora, con esta demanda competencial, se busca tener un marco para pedir una medida cautelar que deje sin efecto otra medida cautelar, lo cual es demencial. No es posible, desde el punto de vista procesal, porque nadie puede avocarse a causas que están ya sometidas al Poder Judicial. Aquí está en juego la institucionalidad democrática del país porque, al afectar a dos miembros de la JNJ, quiebran el quorum e imposibilitan el cumplimiento de sus funciones constitucionales.
El actual TC ya ha emitido una sentencia que limita la potestad del Poder Judicial para ejercer control sobre los actos del Congreso. ¿Considera usted que decisiones de este tipo representan un desmantelamiento de las instituciones democráticas?
En esta sentencia a la que usted alude, el TC efectivamente ha dicho que hay competencias exclusivas y excluyentes del Congreso, frente a las cuales no caben acciones de garantía. Pero lo ha dicho en relación al proceso de selección y nombramiento del defensor del pueblo. Sin embargo, en esa misma sentencia el TC, en los fundamentos 40, 41 y 42, ha dicho con meridiana claridad que, si bien hay competencias exclusivas y excluyentes, sin embargo, eso no significa que no haya control judicial cuando se trata de investigaciones en comisiones de antejuicio político o de juicio político, como es nuestro caso. Lo ha dicho expresamente el TC que, cuando hay juicio político, es perfectamente válido el control judicial. Y más aún, cuando hay vulneración de derechos fundamentales, que es precisamente nuestro caso.
El acuerdo del Congreso es también tramitar una medida cautelar ante el Tribunal Constitucional, imagino, para tener un pronunciamiento más célere. ¿Qué cree que va a pasar, tomando en cuenta que este tribunal prácticamente actúa en subordinación del Congreso?
Bueno, yo confío. Creo que esta es una oportunidad muy importante, precisamente para los magistrados del TC, para evidenciar su autonomía e independencia, ante todo poder político. Más aún cuando está claro que con una eventual decisión sobre dos miembros de la JNJ, por esa vía retorcida que se ha elegido de una cautelar contra otra cautelar, se estaría frustrando el quórum de la JNJ. No olvidemos que en estas semanas los miembros de la JNJ tenemos responsabilidades fundamentales. Debemos definir la continuidad o no de los titulares de la ONPE y el Reniec. Tenemos plazo hasta mayo. El proceso se vería frustrado. También hay numerosos procedimientos disciplinarios. Yo confío en que el TC estará a la altura de su responsabilidad y actuará conforme con sus propios precedentes. Según esos propios precedentes, debería declarar improcedente la demanda y la medida cautelar.
La inhabilitación que aprobó el Congreso contra usted se dio en un contexto en el que ustedes investigan a Patricia Benavides. ¿Puede recordarnos qué casos investiga la JNJ sobre la suspendida fiscal?
En el caso de la fiscal suprema a la que usted se refiere, efectivamente hay investigaciones. Hay una relativa a los movimientos de personal con el presunto propósito de favorecer a la hermana (Enma Benavides). Eso va a ser objeto de informe oral este jueves 18 de abril. Hay también un procedimiento inmediato que se abrió en diciembre, por las actuaciones en las que habría incurrido la fiscal Benavides en relación con presuntos intercambios de favores con el Congreso para la elección del defensor, para la inhabilitación de la fiscal suprema Zoraida Ávalos y para la remoción de los miembros de la JNJ. También otra investigación sobre las tesis de la fiscal Benavides.
¿Qué otras acciones están tomando usted e Inés Tello frente a esta arremetida política contra la JNJ?
Con relación a esta demanda competencial, ocurre también un hecho sumamente grave. Se ha buscado esta vía artificiosa, ilegítima, en la que además nosotros no somos parte. Es decir, la doctora Tello, yo y ni siquiera la JNJ podríamos intervenir, con lo cual se vulnera absolutamente nuestro derecho a la defensa. Se pretende decidir sobre la situación de dos magistrados de la JNJ sin que podamos presentar siquiera un escrito, lo cual es absolutamente contradictorio con la propia naturaleza del TC. Sería aberrante que el TC, un tribunal de garantías para las personas, termine echando por tierra una medida cautelar que, precisamente, ha dispuesto, en garantía de nuestros derechos, que podamos seguir con nuestras funciones en la JNJ, hasta que se determine la causa principal. Yo tengo confianza en que el TC no cederá al propósito de manipulación que ejerce un sector del Congreso.
