Por: Soledad Morales Villena
La Red Micaelas hizo un análisis de 220 iniciativas legislativas que obran en la Comisión de la Mujer y Familia del Parlamento. Un gran número de estos proyectos son solo declarativos, antiderechos y controversiales, situación que genera un escenarios de posibles retrocesos respecto de los derechos ganados por las mujeres y también debilitan la igualdad de género.
Para Bethy Hernández, lideresa del Sindicato del Programa Aurora, no cabe duda que los 433 Centros de Emergencia Mujer que existen en el país tienen mucho que mejorar, pero “con todas las deficiencias es el único espacio visible que tienen las mujeres para acudir ante un hecho de violencia”. El comentario surge ante la preocupación por la posible desaparición de este y otros servicios, debido a la absorción del Ministerio de la Mujer (MIMP) por parte del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS).
Esta fusión es alentada desde el Congreso por Milagros Jáuregui, legisladora de Renovación Popular (RP), quien presentó el proyecto de ley 10328, poniendo en peligro las políticas de igualdad de género y protección hacia la mujer en Perú, un país con la sexta tasa más alta de feminicidios de América Latina, según advirtió Liz Meléndez, directora ejecutiva del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán.
Esta propuesta es solo una más de la larga agenda parlamentaria en contra de las mujeres y las políticas de igualdad de género, como la propuesta para eliminar el delito de feminicidio para sustituirlo por asesinato de pareja (proyecto 10342 de Milagros Jáuregui), o la redefinición del concepto género en la Constitución (proyecto 10082 de Alejandro Muñante, de Renovación Popular).
De cara al Día Internacional de la Mujer, conmemorado el 8 de marzo, desde la Red Micaelas analizamos 220 iniciativas legislativas tramitadas en el Congreso y que se encuentran en la Comisión de la Mujer. La mayoría son declarativas (79), innecesarias (33) y anti derechos o controversiales (18); mientras que solo los (90) restantes tienen buenos propósitos o intenciones (ver gráfico y relación).
La Comisión de la Mujer y Familia ha sido encabezada e integrada por legisladores con visión “provida y profamilia”. Es el caso de Milagros Jáuregui, Jessica Córdova Lobatón (RP), Rosángella Barbarán Reyes, Mery Infantes Castañeda, Jeny López Morales y Magaly Santisteban Suclupe (Fuerza Popular-FP), además de legisladores de Alianza Para el Progreso (APP). Así, su producción se ha limitado a sus fines neoconservadores arremetiendo contra los derechos de las mujeres. La junta es presidida hoy por Córdova Lobatón.
Leyes declarativas con transfondo
Por ejemplificar, entre las iniciativas legislativas de las categorías declarativas e innecesarias, que no tienen un real impacto en un problema, llaman la atención el proyecto 6588 de la pastora evangélica Milagros Jáuregui de RP.
Su iniciativa plantea declarar de interés nacional el cambio de denominación del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables por el de Ministerio de Familia, Infancia, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad, ya que, sustenta que hoy “solo se ha enfocado en desarrollar a profundidad el tema de género y mujer”.
El uso de la premisa “la familia” es usada en otros proyectos de esta categoría, que buscan limitar el reconocimiento de la diversidad, engrandeciendo discursos excluyentes para consolidar estructuras de desigualdad, como la ley que propone modificar la denominación del "Centro de Emergencia Mujer" por la de "Centro Emergencia Mujer y de los Integrantes del Grupo Familiar”.
Según la propuesta, el nombre limitaría la atención del varón y demás integrantes de la familia, destacando con preocupación que “la mayor cantidad de casos atendidos durante los últimos dos años (2022 y 2023) y lo que va del presente año (2024) corresponden a mujeres”.
La exdirectora ejecutiva de Promsex, Susana Chávez, informó que el 97% de casos de violencia sexual en la familia son contra niñas y mujeres, por lo que la imposición de este tipo de normas solo se basa en cuestiones ideológicas. “Quieren hacernos creer que la familia es el espacio perfecto y que nadie puede intervenir, pero lo que vemos es que muchas veces la familia es el escenario de violencia, donde las situaciones de injusticia se dan, escenario de los feminicidios. Nos quieren convencer de que lo que pasa en el ámbito privado no importa”.
Añadió que el impulso a leyes meramente declarativas solo para cambiar el nombre a instituciones tiene como fin pasar a la mujer a un segundo plano. “La congresista asume por un prejuicio ideológico que las mujeres tienen que estar en el campo doméstico, el problema es que estos cambios no son para ella ni para sus hijas, lo hace para las mujeres pobres del país (…) Nos enfrentamos a una situación que desde el privilegio se están imponiendo leyes y afectará a quienes dependen de la justicia y servicios públicos”.
Retroceso en el derecho penal
La lista de propuestas innecesarias continúa con proyectos que repiten medidas que ya existen en la legislación peruana. Así, se encuentran la iniciativa que facilita a las víctimas de violencia presentar sus denuncias a través de canales digitales u otro proyecto para establecer la instalación del botón de pánico desde la formulación de la denuncia policial por violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar o la idea de fortalecer la alerta de emergencia para las mujeres desaparecidas.
Ana María Vidal Carrasco, abogada especializada en derechos humanos, explica que la vigente ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar (30364) ya cuenta con diversos mecanismos y lo que falta es la fiscalización del Congreso. “Las y los parlamentarios tienen un desconocimiento de las normas que ya existen. Crean leyes que repiten lo que tenemos y no se está cumpliendo, son un saludo a la bandera”, lamenta.
Por el contrario, la productividad legislativa de la comisión no atiende problemas básicos que advirtió Vidal, como el derecho de la denuncia de mujeres agredidas en comisarías sin contar con el documento de identidad, la eliminación del trato igual al agresor y la víctima en las dependencias o las trabas en los peritajes psicológicos.
“Si ya tenemos una normativa, pero esta no se cumple; por otro lado, tenemos unos congresistas que no se preocupan en fiscalizar, es su labor. Tienen ganas de que las cosas no cambien. Esto no solo perjudica a las mujeres, sino a todo el país”, cuestionó.
Lejos de mejorar el marco normativo en el sistema penal, existe, al contrario, una iniciativa que replantea la tipificación del delito de feminicidio. La propuesta 10342 también es de María Jáuregui, quien propone reemplazar el término feminicidio por asesinato de la pareja.
Atentado contra los derechos de las mujeres
Pero si bien el número de leyes infructuosas son muchas, también hay otras que representan un grave retroceso en los derechos ganados por las mujeres sobre la capacidad de decidir sobre sus cuerpos. Es el caso de la iniciativa que promueve la protección del embarazo, de la madre gestante, del niño por nacer y de su entorno familiar de Rosángella Barbarán (FP).
Equipara los derechos de un niño a los de un concebido para limitar el acceso al aborto terapéutico. También existe la propuesta de adopción desde el vientre materno en casos de embarazos no planeados de Milagros Jáuregui (RP), normalizando la gestación en menores de edad.
Para Susana Chávez estas dos propuestas legislativas significan un desmantelamiento a una serie de políticas e instituciones que han sido ganadas en los últimos 30 años. “La ley de protección del embarazo no aporta nada nuevo, ya está garantizado el cuidado de la mujer gestante. La sobrerregulación pretende colocar en conflicto a la mujer. No se puede pensar que las mujeres tienen la obligación de tener embarazos forzados sabiendo que se pone en riesgo la salud y la vida”, sostuvo.
Respecto a la adopción desde el vientre materno, advierte que la norma es populista ya que intenta ignorar el gran problema de orfandad en el país. “Cada año se suman alrededor de 3 mil 500 niñas y niños que no pueden ser dados en adopción y están en casas hogares. Esos niños deberían tener la oportunidad para tener una familia”, expuso.
Chávez subraya que la agenda de esta comisión con este tipo de leyes es “colocar a las mujeres como enemigas de sus embazaros, como si las mujeres buscáramos que fuéramos un peligro (…) esas medidas envían un mensaje que no puedes intervenir”.
Proyectos encarpetados
La agenda de grupos conservadores del Congreso también ha visto por conveniente ignorar iniciativas legislativas que ayudaría a mejorar la participación femenina en la política y tener un aparato estatal libre de violencia contra las mujeres.
Como muestra existen dos iniciativas que llevan cinco años empolvándose en la comisión. El proyecto de ley 01607, que fortalece el liderazgo político de las mujeres y plantea un mayor aporte financiero para la participación política de la mujer, y la propuesta legislativa 01441, que garantiza la idoneidad de funcionarios públicos para construir una sociedad libre de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, que excluye del aparato estatal a personas involucradas en actos de violencia contra la mujer con sentencia o procesos abiertos.
La regidora del Concejo Provincial de Arequipa, Rocío Mango, destacó que hay un claro interés en los integrantes de la comisión y congresistas en general en no debatir estas propuestas. “Por estas fechas hacen semejantes ceremonias por el Día de la Mujer, con regalos y rosas cuando en realidad no se trata de eso. Desde el Congreso se busca que las mujeres sigamos con barreras para una vida política igual que los hombres”, lamenta.
Remarcó el hecho insólito de tener una presidencia, Dina Boluarte, y 50 legisladoras en el parlamento, en los años que más se atacan los derechos de las mujeres peruanas. “Me avergüenzo, siendo mujer, que muchas estando en política le dan la espalda a la población”, sentenció.
Así también, se refirió a la falta de voluntad política para evitar que los puestos del aparato estatal sean copados por agresores sentenciados y denunciados. “Hay varios congresistas con denuncias por violencia hacía la mujer y como ellos están en falta, no les conviene ver este tema”, dijo.
Así como Rocío Mango, Susana Chávez advierte que si las instituciones y los diferentes niveles del Gobierno tienen entre sus filas a agresores de mujeres, el mensaje de impunidad y seguirá latente en todo el país.
