El 11 de diciembre se cumplieron dos años desde la muerte de Beckham Romario Quispe, un joven de 18 años que fue la primera víctima registrada en Apurímac. Junto a él, otras seis personas fueron asesinadas en el contexto de las protestas sociales. El abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Juan José Quispe, en una entrevista a Voces del Sur de radio Titanka (Apurímac), explica que las investigaciones se dividen en dos casos principales:
“En Apurímac hay dos investigaciones: uno por los siete ejecutados, como nosotros lo decimos. Otro contra altos mandos de la Policía, por torturas agravadas en agravio de manifestantes”
El primer caso, que incluye a las víctimas fallecidas, está en la etapa de investigación preparatoria. Según Quispe, “culminada esta etapa, el fiscal debe emitir un dictamen: o acusa o archiva. Si acusa, se pasa a la etapa intermedia, control de acusación, y posteriormente al juicio oral”.
Torturas y actos degradantes: el segundo caso en Apurímac
Además de los fallecidos, las investigaciones abarcan las graves violaciones a los Derechos Humanos sufridas por los manifestantes heridos. El abogado describe estos hechos como “actos inhumanos, humillantes, degradantes y discriminatorios”, que incluyeron golpizas y acusaciones infundadas de terrorismo:
“El ataque a dos camiones por parte de la Policía, que balearon a los manifestantes, no solo lesionó a personas, sino que se cometieron actos de tortura. Los tuvieron a la intemperie, donde el frío es fuerte, y los llamaron terroristas”
Este caso está en etapa de investigación preliminar y aún falta esclarecer las responsabilidades de los agentes involucrados.
Obstáculos legales y trabas en el avance judicial
A pesar de los avances, el proceso enfrenta dificultades que ralentizan el acceso a la justicia. Quispe señala que el Código Procesal Penal no está diseñado para abordar casos complejos como este, donde hay múltiples acusados y pruebas:
“Estas investigaciones son bastante largas, porque los acusados plantean nulidades, recusaciones y nuevas pericias. El Código Procesal Penal está hecho para procesos rápidos, no para procesos complejos”
Además, la falta de colaboración de la policía y las reprogramaciones de diligencias han contribuido al retraso. Sin embargo, Quispe se muestra optimista: “Yo sé que al final debemos encontrar justicia en estos casos”.
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Investigaciones paralelas contra altos funcionarios
El abogado también detalla una tercera investigación en la Fiscalía de la Nación, que involucra a altos funcionarios como Dina Boluarte y sus ministros. Este caso, basado en el artículo 99 de la Constitución, sigue un camino separado:
“La Fiscalía de la Nación ha emitido una segunda acusación constitucional que incluye a las demás víctimas y establece la vinculación de Boluarte y los ministros, por el delito de omisión impropia, asesinato y lesiones graves”.
Aunque el camino hacia la justicia es lento, los familiares de las víctimas no pierden la esperanza. Quispe reconoce su frustración, pero recuerda que el proceso es intrincado: “Los familiares dicen: ‘dos años y no pasa nada’. Es entendible, pero en procesos complejos como este, los plazos son amplios”.
Apurímac sigue siendo un símbolo de resistencia y dolor, mientras las investigaciones buscan esclarecer la verdad detrás de las muertes y torturas ocurridas durante las protestas. El compromiso con la memoria y la justicia es un llamado vigente para todo el país.
Aquí el programa completo:
*Foto de portada: AFP
