Colegio de Abogados de Cusco evalúa presentar demanda contra ley que traslada investigación a la Policía

La abogada Ruby Romero sostuvo que la modificación vulnera la Constitución Política del Perú.

Por: Nuria Manchaco – Radio Quillabamba TV de Cusco

El Colegio de Abogados de Cusco ha anunciado su intención de presentar una demanda de inconstitucionalidad contra la reciente ley aprobada por el Congreso de la República, la cual otorga a la Policía Nacional del Perú (PNP) la facultad de realizar la investigación preliminar de un delito.

La abogada penalista Ruby Romero Quispe, directora de Defensa Profesional del Colegio de Abogados de Cusco, señaló que esta modificación vulnera la Constitución Política del Perú y podría generar graves riesgos para la población.

En una entrevista concedida a Voces del Sur, a través de Radio Quillabamba TV, Romero Quispe advirtió que muchos policías no cuentan con la capacitación adecuada para llevar a cabo las investigaciones preliminares, lo que podría dejar desprotegidos a los ciudadanos al momento de realizar una denuncia.

Peligrosa norma

Además, mencionó el peligro de que, en casos de violencia, los agresores puedan influir en los policías para no recibir las denuncias, lo que agravaría la situación de las víctimas.

La abogada destacó que, aunque algunos policías son también abogados, su presencia se limita a comisarías especializadas y en la mayoría de las dependencias policiales, el personal no está preparado para determinar la gravedad de los delitos. Por esta razón, instó a la Fiscalía a reforzar su presencia en las comisarías para garantizar que las diligencias preliminares se realicen correctamente.

Romero Quispe también hizo un llamado al Congreso, señalando que sus decisiones deben priorizar el bienestar de la población y no intereses personales. Hasta el momento, solo los Colegios de Abogados de Lima y Arequipa se han pronunciado en contra de esta ley, pese a que existen 34 colegios profesionales en todo el país.

Finalmente, la abogada insistió en la necesidad de que el Ministerio Público asuma un rol protagónico en la defensa de los derechos de los ciudadanos y que se reflexione sobre el impacto negativo que esta ley podría tener en la administración de justicia.